El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum extraditaría al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si las autoridades estadounidenses presentan pruebas suficientes que cumplan con los requisitos del sistema jurídico mexicano.
Las declaraciones fueron realizadas durante su primera entrevista con un medio estadounidense desde que asumió el cargo en Washington, en referencia a la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
«Estamos solicitando información adicional sobre estas 10 solicitudes. Y tan pronto como la tengamos, y en la medida en que se cumpla con la carga de prueba necesaria para ejecutar la extradición, por supuesto que lo haríamos», afirmó el diplomático, al subrayar que el procedimiento depende exclusivamente de que la evidencia satisfaga los estándares legales mexicanos.
Lazzeri explicó que el proceso de extradición forma parte de la cooperación judicial cotidiana entre ambos países y recordó que México mantiene más de 200 solicitudes de extradición pendientes ante autoridades estadounidenses, en las que con frecuencia también se requiere información complementaria antes de avanzar en los procedimientos.
Las declaraciones se producen semanas después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmara haber recibido la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por Washington, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que aún no contaba con los elementos probatorios necesarios para evaluar la petición conforme al marco legal mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha sostenido públicamente que el gobierno estadounidense no ha entregado pruebas que acrediten las acusaciones contra Rocha Moya, por lo que México no puede actuar únicamente con base en los señalamientos presentados por las autoridades de ese país.
El caso ha intensificado las tensiones entre ambos gobiernos en materia de combate al narcotráfico y cooperación judicial, especialmente después de que funcionarios estadounidenses endurecieran su discurso sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y autoridades mexicanas. No obstante, las declaraciones del embajador dejan claro que la posición oficial de México mantiene como condición indispensable la existencia de pruebas suficientes antes de autorizar cualquier extradición.
