El gobierno federal estadounidense reactivó la normativa de «carga pública» que permitirá denegar la tarjeta de residencia permanente (green card) a inmigrantes que utilicen ayudas sociales. La directriz, publicada este jueves en el Registro Federal, entrará en vigor el próximo 18 de septiembre.
Bajo esta política migratoria, los solicitantes de la residencia permanente deberán demostrar de manera obligatoria que cuentan con los recursos necesarios para no convertirse en una carga económica para el país. Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) declaró que la medida busca reafirmar el principio de autosuficiencia, proteger el erario y poner fin a los programas que fomentan la dependencia sobre los contribuyentes.
Esta disposición no es inédita en el sistema legal estadounidense. Fue implementada por primera vez en febrero de 2020 durante el primer mandato del mandatario republicano como un mecanismo clave para limitar los flujos de migración legal. Posteriormente, la regla fue revocada por el gobierno de Joe Biden; sin embargo, ahora retorna como parte de la agenda de la Casa Blanca para endurecer el control fronterizo y regular la estancia de extranjeros.
La reactivación del decreto ha suscitado un fuerte rechazo a nivel internacional y nacional. Activistas y defensores de los derechos humanos criticaron la medida al considerarla una discriminatoria «prueba de riqueza». A la par, expertos en el sector salud advierten que la implementación de esta normativa derivará en un empeoramiento de la atención médica en comunidades vulnerables.
Adicionalmente, diversas organizaciones no gubernamentales han señalado que la política genera un clima generalizado de confusión y temor. Este escenario ha provocado que numerosos inmigrantes legales y sus familiares nacidos en la Unión Americana decidan no solicitar los apoyos alimentarios, médicos o de vivienda a los que tienen derecho legítimo por miedo a perjudicar su estatus migratorio.
