El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como un «acto meramente político» la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a los productos de su nación a partir del 22 de julio. El mandatario brasileño condenó la medida y anunció represalias legales inmediatas.
La imposición de estos gravámenes fue decretada por Washington bajo el amparo del Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) justificó la sanción tras una investigación de un año que concluyó que ciertas normativas brasileñas —relacionadas con el comercio digital, pagos electrónicos, etanol, propiedad intelectual y deforestación ilegal— restringen de forma irrazonable el comercio de las empresas norteamericanas.
Ante esta situación, la respuesta del mandatario de Brasil fue contundente. Lula da Silva anunció que su administración activará de inmediato los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad nacional, aprobada previamente por unanimidad en el Congreso de su país, y que recurrirá formalmente ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
«Es lamentable constatar que el desastroso resultado de las investigaciones basadas en el artículo 301 forma parte de una conspiración urdida con la colaboración activa de la familia Bolsonaro. Son falsos patriotas que orquestaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, impulsados por objetivos electorales. No se puede amar a Brasil solo cuando ganamos elecciones», afirmó el jefe de Estado, remarcando que se mantendrá firme en la defensa de la soberanía nacional frente a las políticas comerciales punitivas del gobierno de los Estados Unidos.
