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Un informe publicado conjuntamente este miércoles por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), sacó a la luz una serie de denuncias sobre abusos físicos y violaciones a los derechos humanos perpetrados contra personas retenidas en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. 

El documento de 84 páginas se fundamenta en decenas de testimonios directos de detenidos, quienes han reportado ser víctimas de golpizas por parte del personal de seguridad o haber presenciado agresiones físicas contra otros internos, configurando un patrón de violencia utilizado como mecanismo de control.

El reporte enfatiza la situación dentro de Camp East Montana, una extensa instalación ubicada en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas. En dicho centro, los testimonios recabados por las organizaciones detallan condiciones de vida críticas: hombres y mujeres bajo custodia denunciaron haber sido obligados a permanecer en instalaciones en condiciones inmundas y haber recibido comida incomible. 

El informe documenta además una crisis de atención básica, donde a los detenidos se les negó atención médica esencial y se les obstruyó sistemáticamente cualquier vía de comunicación con sus abogados o familiares, dejándolos en un estado de aislamiento total.

De acuerdo con los investigadores, esta violencia no es un hecho aislado, sino que responde a una falla estructural en la supervisión de las instalaciones. Los testimonios describen un entorno donde el uso de la fuerza es empleado como castigo ante cualquier cuestionamiento a la autoridad, mientras que los mecanismos internos para presentar quejas son ineficaces o inexistentes, permitiendo que el personal actúe con impunidad. 

Ante estos hallazgos, Human Rights Watch y la ACLU han exigido una investigación federal inmediata, la protección urgente para los denunciantes y una reforma profunda en los protocolos de supervisión para garantizar que se cumplan las normativas de trato humano, evitando que la integridad física y los derechos fundamentales de los detenidos continúen siendo vulnerados.