Un juez del Distrito Sur de Florida dictaminó una sentencia de 314 millones de dólares en favor de tres ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y sometidos a torturas en Venezuela, marcando un precedente en los esfuerzos de víctimas extranjeras por obtener reparación judicial por abusos cometidos bajo la administración de Nicolás Maduro.
Además de Maduro, la Corte del Distrito Sur de Florida también responsabilizó a los actuales ministros del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y de Agricultura, Vladimir Padrino, así como al empresario y exministro Alex Saab, detenido en Miami, al grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles, a Maikel José Moreno Pérez, a Néstor Luis Reverol y a Tarek William Saab.
Por ahora, el juez excluyó a los otros demandados como son la presidenta encargada Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petroleo (CVP).
Los demandantes, detenidos por fuerzas de seguridad venezolanas bajo acusaciones que ellos han calificado como infundadas, presentaron testimonios detallados sobre las condiciones de su encarcelamiento. Según los documentos judiciales, las víctimas sufrieron una serie de abusos físicos y psicológicos que incluyeron métodos de tortura como descargas eléctricas, privación de sueño y simulacros de ejecución.
También enfrentaron una detención arbitraria al permanecer en centros de reclusión sin acceso a representación legal ni contacto consular adecuado durante periodos prolongados, lo que, según argumentaron los demandantes y fue corroborado por peritos en el juicio, les dejó daños irreparables en su salud física y emocional.
El fallo no solo asigna una cifra compensatoria, sino que establece una responsabilidad civil directa contra los organismos de seguridad venezolanos involucrados. El juez determinó que el sistema de detención operaba bajo directrices que permitían la violación sistemática de los derechos humanos, convirtiendo a los servicios de inteligencia en ejecutores de una política de represión política.
A pesar de la contundencia de la resolución judicial, los expertos legales advierten sobre la complejidad para cobrar dicha cifra. En primer lugar, existe la dificultad técnica de ejecutar sentencias contra activos de gobiernos extranjeros en suelo estadounidense debido a la inmunidad soberana.
A esto se suma el desafío operativo de identificar y congelar fondos o propiedades que pertenezcan a los perpetradores o al Estado venezolano y que estén sujetos a jurisdicción estadounidense. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha rechazado sistemáticamente la autoridad de tribunales estadounidenses para juzgar asuntos internos de su seguridad nacional, calificando estos procesos como actos de injerencia y guerra judicial.
Esta sentencia refuerza una tendencia creciente en tribunales de Florida de utilizar leyes estadounidenses, como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, para buscar justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de las fronteras de Estados Unidos, proporcionando un canal de visibilidad para las víctimas que no encuentran justicia en sus países de origen.
