Los jefes de la Fuerza Aérea defendieron en audiencia un costo de 50 millones de dólares por aeronave, pero fueron confrontados con documentos oficiales de mercado que fijan el precio real en 14 millones.
Ciudad de Guatemala. Los altos mandos de la Fuerza Aérea de Guatemala se encuentran en el centro de un severo escándalo de fiscalización pública tras revelarse indicios de una presunta y masiva sobrevaloración en los contratos de adquisición de equipo de defensa aérea para las fuerzas armadas del país.
El choque de cifras en la audiencia: Durante una citación de control institucional y rendición de cuentas, los jefes de la Fuerza Aérea comparecieron ante los legisladores para justificar el uso de los fondos asignados a la compra de aeronaves utilitarias de transporte táctico.
Al ser cuestionado sobre el presupuesto erogado, el funcionario militar justificó el techo financiero de la operación asegurando de forma verbal ante los micrófonos que una aeronave tipo Bell 412, equipada con grúa de rescate (hoist) y aditamentos médicos, ronda un costo aproximado de 50 a 55 millones de dólares. El mando argumentó que el instrumental especializado hacía que el helicóptero resultara estructuralmente más costoso que un avión convencional.
Sin embargo, la narrativa de la comandancia militar fue rebatida de inmediato. En plena sesión legislativa, los fiscalizadores mostraron registros financieros y cotizaciones de mercado que demuestran que el valor real de los helicópteros nuevos de ese modelo asciende a 14 millones de dólares por unidad, mientras que versiones previas se consiguieron por un costo de 7 millones.
Exigen auditorías por corrupción
“Hoy por hoy con este aparato de noticias no se puede mentir, hombre. Cincuenta millones de dólares no puede costar un helicóptero de este tipo, a menos que sea uno de ocho o nueve toneladas, no uno de tres”
La flagrante disparidad en las cifras (que apunta a un presunto sobrecosto superior a los 35 millones de dólares por cada unidad adquirida) ha desatado una ola de indignación ciudadana y ha forzado a los órganos de control del Estado a iniciar carpetas de auditoría forense profunda. Las comisiones investigadoras determinarán en los próximos días la existencia de delitos de malversación de caudales públicos, fraude aduanero o cohecho institucional entre los contratistas y los mandos firmantes.
