Las autoridades del condado de Harris y de la ciudad de Houston denunciaron formalmente que las agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI), se niegan a compartir información clave sobre la investigación del tiroteo en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abatió al constructor mexicano Lorenzo Salgado Araujo.
El incidente ocurrió en el vecindario de Magnolia Park cuando oficiales federales vestidos de civil persiguieron el vehículo de Salgado, y aunque el gobierno afirma que el conductor intentó embestir a un agente y este disparó en defensa propia, los tres acompañantes de la víctima desmienten esa versión y aseguran que ningún oficial estuvo en peligro.
Las sospechas de negligencia oficial aumentaron al revelarse que Salgado no era el objetivo del operativo y que los agentes interceptaron su camioneta por una confusión visual, afectando a un hombre con 35 años de residencia en Estados Unidos, sin antecedentes penales y que estaba tramitando la regularización de su estatus migratorio.
La desconfianza hacia la versión federal se agravó porque el ICE reconoció que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales al momento del tiroteo, lo que deja el caso sin registros visuales de los hechos y ha llevado a la familia de la víctima a exigir una investigación penal independiente.
Ante el hermetismo federal y el dictamen forense que catalogó el deceso como un homicidio, el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, solicitó a los residentes y comercios locales aportar grabaciones de cámaras de seguridad privadas, mientras los activistas piden no entregar dicha evidencia a las agencias federales por temor a manipulaciones. Por su parte, el alcalde de Houston, John Whitmire, acusó al FBI de ocultar pruebas e información clave de asesinato de Salgado.
Este trágico suceso ha escalado a nivel diplomático y político, provocando que el gobierno de México anuncie medidas jurídicas para defender a la familia afectada y que legisladores en Washington adviertan que condicionarán los fondos del ICE al uso obligatorio de cámaras de video en todos sus operativos.
