La administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta nuevas denuncias que apuntan a una red de corrupción y nepotismo. Investigaciones recientes revelan que el gobierno estatal otorgó un contrato de 45.9 millones de pesos para la compra de equipo de cómputo a un empresario directamente vinculado con el actual secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho.
El beneficiario del contrato, adjudicado en junio de 2023 para la adquisición de más de 1,500 computadoras, es Luis Fernando Ávila Hach. La trama de intereses se teje a través de la empresa Cocina Trucha, donde Landeros Güicho es socio de Manuel Alfonso Flores Lizárraga, quien a su vez mantiene vínculos empresariales con el contratista Ávila Hach.
Las implicaciones de este caso alcanzan el núcleo familiar del gobernador. Moisés Omar Aguilar Medina, comisario en Cocina Trucha, es socio en otra empresa, Chocosa Ranch, junto a José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor de Rocha Moya. Resulta relevante que Landeros Güicho fungía como secretario ejecutivo de la oficina que solicitó las computadoras al momento de la licitación, antes de ser promovido a titular de Finanzas por su «amigo» el gobernador.
Este escándalo estalla en un contexto de extrema fragilidad institucional. El contrato fue avalado originalmente por Enrique Díaz Vega, antecesor de Landeros y mano derecha de Rocha Moya. Actualmente, tanto Rocha Moya como Díaz Vega enfrentan acusaciones en una corte de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa. Mientras Rocha permanece en México, existen reportes de que Díaz Vega se habría entregado a las autoridades estadounidenses en mayo pasado.
Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa han guardado silencio sobre estos vínculos empresariales y el proceso de adjudicación. Este caso no solo sugiere un manejo discrecional del presupuesto público para favorecer a socios y amigos, sino que se suma a una investigación de mayor alcance sobre la posible captura del Estado por intereses ilícitos.
