México no enfrenta una crisis económica. La inflación ha disminuido, el país mantiene el grado de inversión y sus finanzas públicas siguen siendo más sólidas que las de muchas economías emergentes. A simple vista, el panorama parecería estable. Sin embargo, debajo de esa aparente normalidad comienza a dibujarse una pregunta incómoda: ¿estamos construyendo el crecimiento de las próximas décadas o simplemente estamos consumiendo el de hoy?
Esa fue, en esencia, la reflexión que dejó recientemente el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe que publicó, la semana pasada, en la revista Nexos. A partir de apenas nueve gráficas, presentó un diagnóstico que trasciende cualquier diferencia ideológica y obliga a mirar con mayor atención la trayectoria de la economía mexicana.
Más que anticipar una crisis, las gráficas muestran una tendencia que, de mantenerse, podría limitar la capacidad de crecimiento del país durante los próximos años.Todas cuentan, en realidad, la misma historia.
La primera tiene que ver con la composición del gasto público. Durante los últimos años, México ha destinado una proporción creciente de sus recursos a programas sociales y transferencias directas. Esa política ha contribuido a reducir la pobreza y mejorar el ingreso de millones de familias, un avance que difícilmente puede ponerse en duda.
El problema aparece cuando el gasto corriente comienza a desplazar la inversión pública. Toda economía enfrenta restricciones presupuestarias. Cada peso que se destina al consumo presente es un peso que deja de invertirse en infraestructura, carreteras, puertos, energía, educación o innovación. Mientras las transferencias mejoran el bienestar inmediato, la inversión pública es la que determina la productividad y el crecimiento del mañana.
Ese es quizá el principal mensaje del diagnóstico: una política social sólida requiere también una economía capaz de generar riqueza de manera sostenida. Sin crecimiento, incluso los programas sociales más exitosos terminan enfrentando límites fiscales.
La segunda advertencia apunta hacia Pemex. Durante años, el Estado mexicano ha destinado recursos crecientes para sostener financieramente a la empresa. Sin embargo, la producción continúa disminuyendo y su situación financiera sigue siendo una fuente permanente de presión sobre las finanzas públicas. El problema dejó de ser exclusivamente petrolero. Hoy es, sobre todo, un problema de asignación de recursos.
Cada peso destinado a cubrir las necesidades financieras de Pemex es un peso que deja de invertirse en infraestructura, ciencia, tecnología o capital humano. La discusión ya no debería centrarse únicamente en si Pemex es una empresa estratégica, sino en cómo convertirla nuevamente en una empresa viable sin comprometer la capacidad de inversión del Estado.
El tercer problema se refiere a la deuda pública. México conserva una posición fiscal relativamente sólida frente a otras economías de América Latina. Pero los márgenes se han reducido. La deuda ha aumentado más rápido que la economía y el costo financiero absorbe una proporción creciente del presupuesto. Moody’s ya redujo recientemente la calificación soberana del país y las demás agencias mantienen una vigilancia estrecha sobre la trayectoria de las finanzas públicas.
No estamos frente a una crisis fiscal. Pero sí frente a una tendencia que conviene corregir antes de que los mercados obliguen a hacerlo en condiciones mucho menos favorables.
El último elemento termina por unir todas las piezas. México lleva varios años creciendo por debajo de su potencial. Se necesita infraestructura moderna, energía suficiente, instituciones sólidas, seguridad jurídica, capital humano y un entorno que incentive la inversión privada de largo plazo. En otras palabras, se requiere precisamente aquello que impulsa la productividad.
En resumen, cuando disminuye la inversión pública, también lo hace la productividad. Una economía menos productiva crece menos. Menor crecimiento implica menores ingresos públicos. Eso reduce el margen fiscal, incrementa la presión sobre la deuda y termina limitando todavía más la capacidad de invertir.
Romper ese círculo exige tomar decisiones difíciles. La Secretaría de Hacienda inició un proceso de consolidación fiscal y ha reiterado su compromiso con la estabilidad macroeconómica. Ese esfuerzo es indispensable. Pero el desafío va mucho más allá del tímido equilibrio presupuestario.
México necesita recuperar la inversión pública, atraer más capital privado, redefinir la estrategia financiera de Pemex y elevar la productividad de la economía sin poner en riesgo los avances sociales alcanzados durante los últimos años. Ese es, probablemente, el verdadero debate.
Nuestro país sigue teniendo fortalezas importantes: estabilidad macroeconómica, una fuerte integración comercial y de producción con Norteamérica. Pero ninguna de ellas garantiza el crecimiento por sí sola.
Al día de hoy, el verdadero riesgo para la economía mexicana no es una crisis inmediata. Es acostumbrarnos a crecer cada vez menos y pensar que no tiene consecuencias. Y cuando eso ocurre, el futuro deja de construirse poco a poco para empezar, sin darnos cuenta, a consumirse y a dar paso a un peligro mayor: la ultra derecha.
