La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno demostró la adjudicación ilícita de servicios de alta especialidad a una empresa catalogada como «facturera»; un juez de control dictó medidas cautelares a cuatro exfuncionarios y a una representante legal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la vinculación a proceso penal de cuatro ex servidores públicos adscritos al Centro Médico Nacional «20 de Noviembre» y de una ciudadana particular, tras acreditarse su presunta responsabilidad en la simulación y firma ilegal de contratos con una compañía boletinada por defraudación fiscal.
Auditoría a los contratos y el esquema EFOS: Las irregularidades se detectaron tras una exhaustiva revisión contable a tres contratos específicos celebrados para el suministro de servicios de electromiografía y material de curación de alta especialidad. Las faenas de adjudicación se cumplimentaron durante el periodo comprendido del 13 de abril al 1 de junio de 2018.
Las variables financieras y los indicadores de la afectación al erario público se estructuraron bajo los siguientes rubros:
- Monto del Contrato: El flujo de recursos públicos asignado de forma ilícita asciende a la cantidad exacta de 11 millones 147 mil 692 pesos.
- Estatus de la Proveedora: Las investigaciones de control demostraron que la compañía beneficiada formaba parte del listado oficial de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mecanismo utilizado para la evasión fiscal y el desvío de presupuestos institucionales.
Catálogo de imputados y medidas cautelares: Con base en el caudal probatorio presentado ante el órgano jurisdiccional, el juez de la causa penal determinó que existen elementos jurídicos suficientes para sujetar a juicio a los involucrados.
Las aduanas ministeriales desglosaron los nombres y las restricciones procesales impuestas bajo las directrices del Código Penal Federal:
- José Alfredo “N”: Quien se desempeñaba como director del nosocomio.
- Javier “N”: Excoordinador de los servicios médicos.
- Ma. Dolores “N”: Exsubdirectora administrativa.
- Rodrigo “N”: Exsubdirector de área.
A los cuatro exfuncionarios se les imputa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El juzgador les fijó como medidas de control la prohibición estricta de salir del país sin autorización judicial previa, así como la obligación de cumplimentar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Por otra parte, la autoridad jurisdiccional vinculó a proceso a la ciudadana Cecilia Guadalupe “N”, identificada formalmente en las bitácoras como la representante legal de la empresa facturera, a quien se le persigue penalmente por el delito conexo de uso ilícito de atribuciones y facultades. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó que continuará desahogando los filtros de fiscalización para erradicar las conductas de cohecho en los sistemas de salud pública.
