La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno demostró que el exfuncionario del SAT faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó un año de sanción restrictiva.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de su Unidad de Combate a la Impunidad, confirmó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una sanción de inhabilitación por el periodo de un año a un exservidor público de alto rango adscrito al Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras acreditarse falsedad deliberada para ocultar un incremento patrimonial no explicable.
El expediente del desfalco y la aduana afectada De acuerdo con las bitácoras de control asentadas en el Comunicado Oficial 070/2026 de la dependencia, el investigado fue identificado como Jaime N., quien se desempeñaba en el asfalto operativo como administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, uno de los puntos más críticos para el flujo de comercio exterior en el litoral del Pacífico.
Los peritajes de auditoría patrimonial y las variables de la falta grave cometida se estructuraron bajo los siguientes indicadores:
- Monto Ocultado: Las revisiones contables detectaron que el exfuncionario omitió declarar un incremento neto en sus cuentas y activos por la cantidad exacta de 1 millón 532 mil 452 pesos.
- Falta de Justificación: Durante los careos de control ministerial, el imputado no logró aportar elementos financieros explicables ni comprobables que justificaran el origen lícito de dichos recursos económicos.
- Derecho de Impugnación: La secretaría precisó que el sancionado mantiene a salvo su derecho de recurrir la sentencia ante instancias superiores; no obstante, la autoridad federal advirtió que defenderá las resoluciones de la auditoría con firmeza en los tribunales.
Llamado a la denuncia ciudadana contra la traición pública El núcleo del comunicado ministerial enfatizó que el combate a las prácticas de cohecho y el desvío de recursos es una responsabilidad compartida entre los órganos del Estado y la sociedad civil. Las autoridades remarcaron que denunciar los actos de corrupción no representa únicamente un derecho constitucional, sino un deber cívico indispensable para salvaguardar los presupuestos de la Federación.
Con el fin de facilitar los flujos de información y proteger el anonimato de los declarantes, la dependencia exhortó a la población a reportar cualquier conducta irregular o enriquecimiento ilícito de funcionarios a través del asfalto digital del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, alojado en el portal oficial denuncias.gob.mx. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó su directriz de cero impunidad, señalando que quien se corrompe, traiciona la confianza del pueblo y debe encarar las consecuencias.
