La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señalaron que el órgano encargado de la vigilancia de los jueces y magistrados federales sí tiene facultades para iniciar investigaciones cuando existan denuncias anónimas que arrojen indicios de responsabilidades administrativas, ya que hay una reforma desde 2020, época en que el ministro Arturo Zaldívar fue su presidente.
Dejaron claro que el CJF no tiene facultades para investigar a un ministro en activo o en retiro, razón por la cual la denuncia contra el ministro Arturo Zaldívar se turnó a la Corte, la cual sí puede dar inicio a una investigación si así lo considera.
Conforme a la normativa que rige la actuación del CJF, es competencia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
De conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa —incluyendo las anónimas— por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente.
“Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas. Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas”, señalaron.
A partir de este marco normativo, el 9 de abril de este año, la presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, a Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.
“En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex ministro.
“En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal. Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”, añadieron.
Asimismo, informaron que, por acuerdo de la presidenta del CJF, se ha iniciado una investigación de oficio por la filtración de la denuncia.
