El Primer Ministro de Canadá anunció hoy, oficialmente, su propuesta para ocupar el puesto de Juez de la Suprema Corte que quedará vacante por la jubilación de la Jueza Sheila Martin. El candidato es el Juez Glenn Joyal, quien se desempeña como Presidente de la Corte suprema de Manitoba[i]. Con ese anuncio del Primer Ministro comienza el proceso de aprobación del candidato. El Juez Joyal debe comparecer ante el Senado y la Cámara Baja para ser confirmado en el puesto.
Pero el proceso informal de designación de los jueces de la Suprema Corte canadiense, que comienza mucho antes de que el candidato(a) sea anunciado(a) por el premier, es muy complicado. El candidato debe cumplir con diferentes cualidades. Tal vez el requisito más difícil de cumplir es que el candidato debe ser totalmente bilingüe en inglés y francés. Los candidatos deben haber fungido como jueces de una corte superior provincial o haber sido miembros de la barra de abogados de alguna provincia durante al menos diez años. La Corte se integra por nueve jueces y por disposición legal, tres deben proceder de Quebec y tradicionalmente se han nombrado tres jueces de Ontario, dos de las provincias del oeste y uno de las provincias del Atlántico[ii].
A partir de la llegada al poder del gobierno liberal de Justin Trudeau, se decidió promover la diversidad en los nombramientos y dar mayor transparencia al proceso de designación, lo que consideró necesario para que la Suprema Corte mantenga su legitimidad. Durante el gobierno de Trudeau, la diversidad se incrementó con el nombramiento de la Jueza Michelle O´Bonsawin, primera Jueza de origen indígena y del Juez Mahmud Jamal, de padres indios, primera persona “de color” (racialized) en ser nombrado a la Suprema Corte.
Con el fin de transparentar el proceso de designaciones al tribunal supremo, Trudeau creó un Consejo Asesor conformado por ocho miembros[iii]. El mandato del Consejo es brindar recomendaciones basadas en mérito al Primer Ministro sobre los nombramientos a la Suprema Corte. El Consejo debe ser apartidista e independiente[iv]. A pesar de su independencia y apartidismo, el Consejo, como era esperable bajo un gobierno liberal, recomendó el nombramiento de jueces con perfil progresista.
Durante el gobierno de Trudeau, se diseñaron políticas públicas que enfurecieron a políticos y votantes conservadores. Algunas de esas políticas fueron impugnadas ente los tribunales y eventualmente llegaron hasta la Suprema Corte. Es el caso de la aprobación de la ley sobre el precio de carbono, mejor conocido como el impuesto al carbono, que fue impugnada por tres provincias. La decisión de la Suprema Corte en este caso y algunas otras, fueron duramente criticadas por juristas y políticos conservadores por considerar que su actuación excedió las facultades de interpretación de una corte constitucional. En su decisión sobre la ley del precio al carbono, la Suprema Corte convalidó la constitucionalidad de la ley con fundamento en una doctrina de derecho constitucional raramente utilizada: el concepto del interés nacional, que permite al gobierno federal imponer obligaciones a las provincias en casos que afectan al conjunto del país, como es el caso del precio de carbono. Los jueces conservadores Rusell Brown y Malcolm Rowe emitieron votos disidentes[v] en los que descalificaban la excesiva intervención judicial.
La jubilación de la Jueza Martin ha resucitado la controversia en torno al sistema de designación de los jueces de la Suprema Corte. Los juristas y políticos conservadores demandan una mayor representación en la composición del máximo tribunal. La llegada al poder de Mark Carney, con el apoyo del partido liberal, parecía predecir la llegada de más jueces progresistas. No obstante, el Primer Ministro ha diluido algunas de las políticas de su predecesor; entre ellas, el controvertido impuesto al carbono.
Los críticos del progresismo judicial argumentan que la Suprema Corte se ha arrogado el papel de legislador en lugar de limitarse a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. Hay académicos que auguran un rompimiento en el orden jurídico canadiense en caso de que el tribunal supremo no limite su interpretación expansiva del orden constitucional. La propuesta del Juez Joyal como candidato a sustituir a Sheila Martin parece un gesto conciliador del Primer Ministro Carney, dado que su perfil no es marcadamente liberal. De hecho, quienes han analizado sus decisiones como Juez en Manitoba, coinciden en que tiene una visión restrictiva del papel de los juzgadores.
El movimiento separatista que ha tomado fuerza en Alberta, así como el quebequense que es mucho más antiguo, están estresando el sistema jurídico y político federal canadiense. Es muy probable que la Suprema Corte deba tomar en un futuro no muy lejano una postura decisiva respecto de esos movimientos y las acciones de los gobiernos de esas provincias, que reiteradamente buscan aumentar su autonomía respecto de la capital, Ottawa.
Será interesante observar cómo logra el máximo tribunal conciliar una postura más moderada en la interpretación del marco constitucional, con la necesidad de que el gobierno federal pueda adoptar decisiones que atiendan a los intereses de la federación sin ser acusado de extralimitarse con apoyo de la Suprema Corte. Por lo pronto, el anuncio de la candidatura del Juez Joyal ha sido bien recibido por la comunidad legal, incluyendo analistas conservadores[vi].
[i] Supreme Court of Canada Appointment Process – 2026
[ii] Supreme Court of Canada | Meet our judges
[iii] https://www.fja.gc.ca/scc-csc/2023/report-rapport-eng.html#toc2
[iv] https://www.fja-cmf.gc.ca/scc-csc/2023/mandate-mandat-eng.html
[v] https://www.fja-cmf.gc.ca/scc-csc/2023/mandate-mandat-eng.html
[vi] ‘An excellent appointment’: Manitoba Chief Justice Joyal nominated to Supreme Court of Canada – The Hill Times – The Hill Times
