El Colectivo Migración y Derechos Humanos entregó más de mil firmas en la sede de Gobierno para frenar el protocolo que ordena la deportación de pacientes indocumentados tras recibir atención médica; denuncian riesgo de perfilamiento racial en salas de parto.
Santo Domingo, R. Dominicana. El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) formalizó este lunes la entrega de un documento oficial en la sede del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. La petición, respaldada por más de mil firmas ciudadanas, exige de manera directa al presidente Luis Abinader la «derogación inmediata» de las medidas de control migratorio implementadas dentro de la red de hospitales públicos del país.
El protocolo hospitalario y los sectores afectados La controversia jurídica se remonta a abril de 2025, fecha en la que entró en vigor un protocolo oficial que faculta a inspectores y agentes de la Dirección General de Migración (DGM) para desplegarse en los centros de salud. Dicha normativa establece que los funcionarios deben verificar que todo paciente cuente con una identificación válida, carta de empleo, prueba de domicilio en el territorio nacional y que cubra los costos de los servicios médicos. En caso de no cumplir con estos requisitos, la ley dispone que se les brinde la atención médica de urgencia y, una vez recuperados de salud, se proceda a su deportación formal.
Las agrupaciones civiles denunciaron en el asfalto que la presencia armada limita de forma severa el acceso universal a la salud, generando las siguientes afectaciones de ley:
- Perfilamiento Racial: El Colectivo alertó que las revisiones propician actos de discriminación que afectan a mujeres embarazadas, infantes y migrantes haitianos, así como a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, afrodescendientes o personas que carecen de documentos de identidad.
- Riesgo Sanitario: Los activistas sentenciaron que «una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria», advirtiendo que el miedo a ser expulsados del país provoca que las madres eviten acudir a los nosocomios, poniendo en riesgo la salud pública.
- Espacios de Seguridad: Exigieron que los hospitales públicos se mantengan como zonas neutrales y seguras, donde prevalezca la protección a la vida humana por encima de la condición migratoria irregular.
Balanza de deportaciones masivas y bloque civil El CMDH, un frente civil constituido en el año 2024 para velar por los derechos de las comunidades migrantes, logró articular para este pronunciamiento a un bloque diverso de la sociedad civil. Entre los firmantes del pliego petitorio destacan la organización católica Cáritas Arquidiocesana, el movimiento Participación Ciudadana, el centro Casa Abierta, el Foro Feminista, la Fundación Friedrich Ebert y la oficina local del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
Este reclamo se suscita en un contexto de alta presión migratoria. En octubre de 2024, el gobierno de Luis Abinader activó un plan de repatriación «masiva» para hacer frente al flujo irregular procedente del país fronterizo con Haití. Datos estadísticos oficiales de la federación revelan que, desde la puesta en marcha de esta estrategia hacendaria y de seguridad, han sido deportados más de 500 mil ciudadanos haitianos. Actualmente, el gobierno mantiene destacamentos de la DGM en más de 33 hospitales públicos, una medida que las autoridades aduanales defienden argumentando que ha logrado disminuir en más de un 65 por ciento el volumen de alumbramientos de madres haitianas indocumentadas en territorio dominicano.
