El Mecanismo de Protección Federal activó los protocolos de atención y solicitó informes a las autoridades estatales; colectivos defensores acusaron arresto arbitrario luego de que la abogada cuestionara un abuso de autoridad municipal.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas confirmó la tarde de este domingo 14 de junio de 2026 la liberación de la abogada y activista feminista, Celia García Valdivieso. La fundadora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz había sido detenida horas antes por elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí en un acto calificado por organizaciones civiles como una detención arbitraria, lo que motivó la intervención de primera milla de las dependencias adscritas a la Secretaría de Gobernación para garantizar su integridad física.
De acuerdo con las tarjetas informativas oficiales emitidas por la corporación federal a través de sus canales de comunicación oficial, el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación activó de forma inmediata los protocolos de atención de emergencia tras recibir las alertas de incomunicación de la abogada potosina. Como parte de los procedimientos de ley, el órgano de resguardo giró solicitudes de información urgentes a los mandos del gobierno estatal y municipal para conocer el estatus jurídico de la víctima.
Los motivos de la detención en San Luis Potosí Los reportes ministeriales y los testimonios recabados por su esposo, el abogado Ricardo Sánchez García, refieren que las fricciones acontecieron en las inmediaciones de la Casa Hogar del Niño, ubicada sobre la avenida Universidad en la capital del estado. García Valdivieso se encontraba participando en un retiro espiritual como acompañante de una familiar cuando se percató de que agentes de la policía de la capital potosina pretendían detener de forma violenta a un joven asistente.
En el ejercicio legítimo de su profesión y labor civil, la defensora intervino para demandar que se respetaran los derechos del menor, exigiendo conocer los cargos de la orden de aprehensión y advirtiendo sobre un presunto abuso de autoridad. En respuesta, los oficiales municipales detuvieron a la litigante y la trasladaron a las celdas de la Comandancia Poniente Horizontes (Juzgado Cívico de Periférico Norte), donde permaneció incomunicada de sus representantes legales y familiares durante las primeras horas.
Exigencia de no criminalizar la defensa civil La detención de la excomisionada estatal de atención a víctimas provocó pronunciamientos de urgencia por parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, organismo que condenó el uso de las fuerzas del orden para acallar las críticas ciudadanas contra las malas praxis policiales. Las plataformas del activismo señalaron que cuestionar la legalidad de un arresto no constituye un delito y exigieron que se investigue el actuar de la corporación local.
Las autoridades del Mecanismo Federal concluyeron informando que las mesas técnicas mantendrán el análisis de riesgo del caso para determinar si es necesario dotar a la defensora potosina de escoltas o mecanismos electrónicos de geolocalización, buscando inhibir represalias institucionales.
