La Fiscalía General de la República obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los ex servidores públicos; se les acusa de participar en agresiones contra cinco víctimas durante su ejercicio de funciones en 2023.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal la vinculación a proceso en contra de nueve elementos activos de la policía estatal del estado de Veracruz, tras aportar datos de prueba contundentes que presumen su participación en los delitos de secuestro agravado y tortura. Las capturas de primera milla se desahogaron mediante un despliegue operativo conjunto coordinado por agencias federales de seguridad y de las fuerzas armadas.
El operativo de captura y la identidad de los procesados La ejecución de las órdenes de aprehensión fue el resultado de los trabajos de inteligencia desarrollados por los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Para el aseguramiento de los probables responsables, la corporación ministerial operó en estrecha coordinación con efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Los ex servidores públicos imputados por abuso de autoridad y delitos de lesa humanidad fueron identificados bajo los siguientes nombres de reserva legal:
- Jorge «N».
- Artemio «N».
- Sergio «N».
- Jesús «N».
- Yadira «N».
- Aarón «N».
- Yael «N».
- Conrado «N».
- Lino «N».
Los hechos imputados y la intervención de la fiscalía especializada Las carpetas de investigación integradas por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) refieren que los detenidos incurrieron en conductas delictivas flagrantes en el ejercicio de sus funciones como mandos de seguridad del estado de Veracruz. Los informes técnicos detallan que los hoy procesados participaron presuntamente en la privación ilegal de la libertad y posterior tortura física de cinco víctimas, agresiones que fueron ejecutadas de manera sistemática durante los meses de julio y septiembre del año 2023.
La audiencia de imputación estuvo a cargo de las células ministeriales adscritas a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, la cual forma parte de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR. El juzgador de la causa determinó que las pruebas testimoniales y periciales eran suficientes para iniciar la etapa formal de juicio.
Prisión preventiva y presunción de inocencia Tras el desahogo de las diligencias ante la autoridad jurisdiccional adscrita al Centro de Justicia Penal Federal radicado en el estado de Veracruz, el tribunal resolvió imponer a los nueve implicados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El juez de control fijó un periodo perentorio de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, lapso en el cual las defensas legales y la fiscalía recabarán nuevos elementos de convicción.
La Fiscalía General de la República emitió un pronunciamiento final para ratificar su compromiso institucional con la sociedad y con las víctimas directas e indirectas, asegurando que se mantendrán las acciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos y garantizar el libre acceso a la verdad y a la justicia. La dependencia federal concluyó recordando que, en estricto apego al marco constitucional, a todas las personas mencionadas en el comunicado se les presume inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria definitiva emitida por la autoridad judicial competente.
