El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitaron a personal de la CFE por simular la compra de 82 mil optimizadores de energía; castigan además a una enfermera por dar un tratamiento inadecuado que provocó la muerte de un menor de edad.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impusieron este domingo 14 de junio de 2026 sanciones administrativas y económicas a un total de 39 personas servidoras públicas federales implicadas en faltas graves y no graves que causaron pérdidas patrimoniales al erario e incidentes de negligencia médica. El bloque de resoluciones incluyó el dictado de inhabilitaciones de hasta veinte años por fraudes millonarios en la Comisión Federal de Electricidad, decomisos por malversación en el Banco del Bienestar, suspensiones en el Servicio de Administración Tributaria y penalizaciones a personal del sector salud adscrito al Seguro Social.
El megafraude de los optimizadores de tensión en la CFE
De acuerdo con las especificaciones del Comunicado Número 067 emitido por las oficinas de la dependencia anticorrupción, el fallo de mayor envergadura resarcitoria se concentró en la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El tribunal acreditó que un grupo de directivos incurrió en infracciones graves de contratación pública durante el ejercicio fiscal del año 2017, comprometiendo los fondos de la filial CFE Distribución.
Los magistrados determinaron la responsabilidad directa de los implicados bajo el siguiente desglose legal:
- Penalizaciones de 20 Años: Dictado de inhabilitación por dos décadas para Roberto V. (CFE Distribución), Alberto M. (Laboratorio de Equipos y Materiales) y José Q. (CFE Suministrador de Servicios Básicos).
- Penalización de 10 Años: Inhabilitación por una década aplicable a Francisco D., adscrito a la Dirección Corporativa de Operaciones.
- Sanción Económica Solidaria: Se ordenó a los cuatro exfuncionarios restituir de forma conjunta la cantidad de mil 192 millones 500 mil pesos, tras demostrarse que autorizaron la adquisición e instalación de 82,000 optimizadores de tensión que no eran necesarios para el suministro eléctrico.
Malversaciones en Hacienda, la SEP y el Banco del Bienestar
El Tribunal de Justicia Administrativa extendió los castigos severos a otras cuatro ramas de la administración pública centralizada por el desvío de partidas presupuestales. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se inhabilitó por ocho años a Carlos M. (Región Golfo Centro) por depositar 4.9 millones de pesos públicos a su cuenta personal y no devolver un vehículo oficial. En la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco O. recibió una inhabilitación de diez años por cobrar un doble pago indebido de 416,000 pesos en el Tecnológico de Culiacán.
Por su parte, los arqueos de caja ejecutados en el Banco del Bienestar (BaBien) permitieron desmantelar redes de sustracción ilícita de dinero en sucursales estatales:
- Caso Tabasco: Inhabilitación de 10 años para Esmeralda O. (Villahermosa) por realizar conciliaciones con información falsa.
- Caso Oaxaca: Inhabilitación de 7 años a Verónica G. y otra de 10 años a Ana J. (ambas de la sucursal de Ayoquezco de Aldama), tras comprobarse que realizaron retiros ilegales en efectivo de las cuentas de los usuarios sin su consentimiento entre 2019 y 2022.
Negligencia médica fatal en el Seguro Social
En el terreno de las faltas clasificadas como no graves, la Secretaría Anticorrupción aplicó sanciones correctivas a personal clínico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por vulnerar los protocolos de atención a pacientes vulnerables. La resolución más crítica se radicó en la Unidad de Medicina Familiar de Tepic, Nayarit, donde se dictó una inhabilitación de un año a la funcionaria Vianet A., luego de determinarse que brindó un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un menor de edad, factor que influyó de forma directa en su posterior fallecimento en el año 2021.
De igual forma, en Culiacán, Sinaloa, se suspendió por diez días al médico José B. por dar terapia inadecuada a un enfermo en fase terminal; mientras que en León, Guanajuato, se emitió una amonestación pública contra Blas C. por expedir incapacidades médicas sin realizar los registros informáticos obligatorios.
Faltas operativas en el SAT, la Guardia Nacional y el Tren Maya
La numeralia punitiva del reporte gubernamental cerró detallando suspensiones y amonestaciones en las agencias recaudadoras y los proyectos de infraestructura ferroviaria. En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se suspendió por 90 días a Rubén D. en Quintana Roo por emitir de forma extemporánea un crédito fiscal de 205 millones de pesos; en tanto que en la Guardia Nacional, se sancionó con 30 días de suspensión a siete mandos de la Jefatura de Coordinación Policial por ingresar constancias de estudio apócrifas en las evaluaciones para la portación de armas de fuego. Finalmente, en la corporación del Tren Maya, el coordinador Edilberto O. fue suspendido quince días por incurrir en faltas de respeto y hostigamiento hacia una compañera de trabajo.
La dependencia anticorrupción concluyó especificando que todas las resoluciones se dictaron conforme a los criterios de proporcionalidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aunque las personas sancionadas mantienen a salvo su derecho a impugnar ante tribunales colegiados, el gobierno federal advirtió que defenderá los fallos con firmeza jurídica para erradicar la impunidad y dar cumplimiento a las metas de integridad del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
