Representantes de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una mesa de diálogo para analizar la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, Sinaloa.
En el encuentro, donde participaron dependencias como Semarnat, Profepa, Conagua, el INPI y la Secretaría de Economía, los habitantes externaron sus preocupaciones sobre la protección de los ecosistemas costeros, la pesca y el desarrollo regional. Como resultado, se estableció una estrategia interinstitucional basada en cuatro acuerdos clave:
- Continuidad de las mesas de diálogo para revisar los estudios y propuestas de las comunidades.
- Inspección de Profepa para verificar el estado de las obras y el cumplimiento de la normatividad ambiental.
- Acercamiento con la empresa responsable del proyecto (GPO) para abrir canales de comunicación.
- Respeto absoluto al derecho de manifestación de la comunidad.
Las autoridades federales reiteraron que cualquier resolución se apegará estrictamente al marco jurídico y técnico vigente.
“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones se cumplan”, remarcó Alicia Bárcena Ibarra, titular de Semarnat.
Por su parte, el INPI y Conagua coincidieron en que la problemática requiere una respuesta integral que priorice el bienestar de los pueblos originarios, mientras que la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, se comprometió a impulsar un desarrollo económico que respete las vocaciones de la región.
