Este lunes, un juez federal anuló la controvertida tarifa de 100 mil dólares que la administración del presidente Donald Trump había impuesto a las nuevas visas de trabajo H-1B para profesionales extranjeros. En su fallo, la autoridad judicial determinó que el cobro constituía un impuesto completamente ilegal que el Congreso de los Estados Unidos jamás llegó a autorizar.
El drástico incremento en el costo del visado provocó un desplome inmediato en el volumen de las solicitudes de profesionales altamente calificados, tal como quedó asentado en diversos documentos presentados ante la corte. De hecho, al corte del pasado 15 de febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) había recaudado apenas 85 pagos correspondientes a esta exorbitante cuota, de acuerdo con un balance oficial emitido por la propia Casa Blanca en marzo.
Un impuesto disfrazado de sanción presidencial
Durante el litigio, la defensa jurídica de la administración Trump argumentó de forma persistente que los 100 mil dólares operaban como una «sanción monetaria» regulatoria. Sostenían que el titular del Ejecutivo poseía las facultades legales necesarias —bajo el amparo de la ley federal de inmigración— para implementar esta clase de restricciones económicas con el fin de regular la entrada de ciudadanos extranjeros al mercado laboral norteamericano.
Sin embargo, el juez de distrito Leo Sorokin —quien fuera designado en su momento por el expresidente demócrata Barack Obama— desestimó por completo los argumentos de la Casa Blanca. El juzgador concluyó que el cobro no cumplía con los criterios de una multa administrativa, sino que se trataba de un gravamen tributario directo, el cual requería obligatoriamente la aprobación del Poder Legislativo.
«En este caso, la naturaleza y la aplicación del pago de 100.000 dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se denomine dicho pago», sentenció el juez Sorokin en su resolución.
