La FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron el arresto en la Ciudad de México; se le investiga por presuntas anomalías en los contratos de construcción de ocho centros penitenciarios.
Ciudad de México. Agentes ministeriales de la Federación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un ex alto funcionario del sistema penitenciario mexicano, como parte de las carpetas de investigación orientadas a esclarecer presuntos desvíos millonarios de recursos públicos en administraciones previas. El aseguramiento del imputado busca desahogar las audiencias iniciales de vinculación a proceso bajo los criterios de estricta legalidad y combate a las estructuras de corrupción en los contratos de infraestructura federal.
Detención en la capital y registro oficial: De acuerdo con la base de datos oficial del Gobierno de México consultada este miércoles 3 de junio del año 2026, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación táctica con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), concretó la captura en la Ciudad de México de Antonio Molina Díaz. La ficha técnica con folio institucional del Registro Nacional de Detenciones (RND) valida de forma digital que la aprehensión material se ejecutó el pasado martes 2 de junio de 2026.
El reporte del RND, verificado formalmente a las 17:14:12 horas del centro del país (05:14:12 p. m.), detalla de manera pormenorizada las señas particulares del exservidor público, describiéndolo como un sujeto de 1.75 metros de altura, tez morena, barba cerrada, lentes y complexión delgada. Al momento del arresto vestía pantalón negro, camisola de manga larga gris oscura, playera blanca, gorra naranja y zapatos cafés; manteniéndose actualmente bajo el estatus legal de «en traslado» hacia el centro de reclusión correspondiente.
Cargos penales y contratos bajo indagatoria: Molina Díaz fue puesto bajo custodia ministerial para responder por su presunta participación en los delitos graves de peculado y delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Las autoridades federales especificaron que el expediente penal se centra en su desempeño como excoordinador General de Centros Federales.
Las auditorías forenses de la Función Pública y de la FGR se enfocan de manera específica en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2018, lapso en el que Molina Díaz estuvo al frente de la estructura de prisiones del país. Durante dicha gestión, la federación firmó diversos contratos de adjudicación y obra pública destinados a la construcción y equipamiento logístico de ocho centros penitenciarios federales, cuyos flujos financieros e inmobiliarios presentan las presuntas irregularidades que motivaron el mandato judicial.
