El vocero del órgano ministerial, Ulises Lara López, confirmó la comparecencia de cinco de los diez sinaloenses bajo investigación; asimismo, detalló el citatorio formal a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el caso de agentes extranjeros.
La Fiscalía General de la República, por conducto de sus áreas de comunicación social y fiscalías especializadas, emitió un mensaje oficial a los medios de comunicación para desglosar el estatus procesal de dos carpetas de investigación de alta relevancia política y penal en el país. El órgano autónomo precisó las diligencias de control, las comparecencias desahogadas y los apercibimientos legales dirigidos a mandatarios y exservidores públicos de las regiones de Sinaloa y Chihuahua.
Comparecencias y estatus del expediente Sinaloa En el desglose del primer caso, transmitido mediante una declaración institucional este jueves 28 de mayo del año 2026, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia, el doctor Ulises Lara López, aportó datos actualizados sobre el expediente penal que se instruye en contra de un bloque de diez ciudadanos originarios del estado de Sinaloa. El funcionario federal detalló que dentro de este grupo de investigados se encuentran el gobernador constitucional con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador de la República, Enrique Inzunza y el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, todos ellos separados temporalmente de sus funciones.
Lara López confirmó que, al corte de las bitácoras ministeriales, un total de fieles cinco imputados ya comparecieron de forma presencial ante los agentes del Ministerio Público de la Federación para rendir sus declaraciones iniciales. El vocero enfatizó que las líneas de investigación continúan su curso técnico para el deslinde de responsabilidades individuales y constatar si las conductas encuadran en la comisión de algún delito federal. Asimismo, la institución ministerial realizó una precisión de orden internacional al aclarar de forma tajante que ninguna de las diez personas sujetas a investigación cuenta actualmente con una ficha roja de captura emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El laboratorio en Chihuahua y la inmunidad de la gobernadora Respecto a la segunda indagatoria de impacto nacional, la Fiscalía General de la República dio cuenta de las actuaciones derivadas tras el aseguramiento y desmantelamiento de un macro laboratorio clandestino utilizado para la producción de narcóticos y drogas sintéticas, localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua. Las inspecciones científicas en el sitio de los hechos dejaron al descubierto indicios técnicos sobre la presunta presencia y participación activa de agentes de agencias extranjeras en actividades de seguridad interior dentro del territorio chihuahuense, sin los permisos correspondientes del Estado mexicano.
Ante este hallazgo, el Ministerio Público de la Federación giró citatorios oficiales para conocer el testimonio formal del fiscal general del estado de Chihuahua y de la gobernadora constitucional de la entidad, María Eugenia Campos Galván. No obstante, el vocero federal informó que la mandataria estatal declinó la comparecencia física, limitándose a hacer entrega de un documento escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información complementaria a los peritos de la federación.
«Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas como el caso de la gobernadora; sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan»
Precisó
La Fiscalía de la República concluyó informando que el complejo de laboratorios clandestinos ya fue completamente desmantelado, desahogándose los procesos de embalaje, pesaje y traslado de las sustancias químicas hacia depósitos de alta seguridad para su posterior destrucción biológica. Los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación mantendrán la supervisión de los autos procesales para garantizar que las carpetas avancen bajo criterios de estricta transparencia y legalidad.
