Con 29 votos a favor del bloque oficialista, el dictamen modifica los plazos del proceso de selección de juzgadores y reduce el número de candidatos por cargo; el proyecto pasa al Pleno en sesión extraordinaria.
Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos un nuevo dictamen de reforma constitucional orientado a reestructurar los plazos de ejecución y las reglas operativas del proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. La modificación legal representa un viraje en la planeación logística electoral del Estado mexicano al postergar formalmente los comicios previstos de forma original.
Modificaciones al calendario y filtros de selección técnica Con una votación dividida que sumó 29 sufragios a favor por parte de los representantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, frente a 11 votos en contra de las bancadas del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Movimiento Ciudadano, el órgano legislativo avaló el aplazamiento de la jornada electoral judicial, trasladándola del año 2027 hacia el domingo correspondiente del año 2028. La reforma prevé que, bajo esta nueva calendarización, la elección de los juzgadores federales concurra de manera simultánea con la jornada de consulta para la revocación del mandato de la presidencia de la República.
El articulado del dictamen introduce la creación de una Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación, cuya función central será verificar de forma estricta el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los aspirantes y homologar las metodologías de selección, incorporando la aplicación obligatoria de exámenes escritos de conocimientos jurídicos. Asimismo, el proyecto plantea un nuevo filtro para la reducción de candidaturas: los comités seleccionarán a las cuatro personas mejor evaluadas bajo criterios de paridad de género, para posteriormente realizar una depuración mediante el uso de insaculación o tómbola, mecanismo que dejará únicamente dos postulaciones finales en la boleta para cada cargo o especialidad en disputa.
Confrontación discursiva y acusaciones partidistas en San Lázaro Durante el debate en la comisión parlamentaria, la discusión legislativa derivó en acusaciones directas vinculadas a las coyunturas de seguridad de las entidades federativas. La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, defendió la viabilidad de la prórroga y arremetió contra la oposición, contrastando el respaldo de su bancada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la defensa que el bloque opositor ejerce sobre la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de cometer traición a la patria en foros informativos, desmarcando simultáneamente al oficialismo de los señalamientos de agencias extranjeras contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En respuesta, el diputado del Partido Acción Nacional, Fernando Torres Graciano, reviró los calificativos imputando nexos de narcopolítica al bloque mayoritario y demandó corregir de fondo la estructura de la reforma para impedir la conformación de una Corte de justicia seleccionada mediante el uso de guías de respuestas o acordeones de examen. A nombre del Partido Revolucionario Institucional, el legislador Erubiel Alonso Que descalificó las adiciones técnicas bajo el concepto de un «huachicol legislativo» y contrabando legal, sosteniendo ante los miembros de la comisión que el gobierno federal ofrece soluciones defectuosas y simulaciones jurídicas a la ciudadanía.
Finalmente, la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu Salinas, afirmó que el dictamen constituye el reconocimiento explícito por parte del oficialismo de que la reforma al Poder Judicial aprobada hace menos de dos años adolecía de vicios de origen y resultaba operativamente inviable. La congresista puntualizó que someter las plazas de la judicatura al voto popular debilita la división de poderes y la independencia judicial, advirtiendo que la conversión de jueces en candidatos genera condiciones de vulnerabilidad y dependencia frente a factores de poder económico, político e incluso de la delincuencia organizada durante el presente mes de mayo de 2026.
