El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos emitió una alerta ante la conmemoración del Día del Periodista; las amenazas, atentados y la violencia política concentran las agresiones.
Tegucigalpa. El ejercicio del periodismo y la libertad de prensa se mantienen como actividades de alto riesgo en la región centroamericana. A través de un informe técnico emitido este domingo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (entidad constitucional que ejerce las funciones de defensoría del pueblo) reveló que un acumulado de 154 comunicadores ha recurrido a la protección oficial entre el año 2016 y marzo de 2026 tras convertirse en víctimas de desplazamiento forzado interno o enfrentar amenazas inminentes contra su integridad física.
Agudización de la crisis de movilidad forzada Los datos estadísticos procesados por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del organismo autónomo ilustran que la crisis de seguridad perimetral para el gremio periodístico experimentó un severo agravamiento durante el último cuatrienio. Entre los años 2022 y 2025 se concentró el 56% del total de las quejas históricas. La numeralia oficial desglosa que en el año 2022 se atendieron 20 expedientes; en el año 2023 la cifra escaló a 27 casos (el indicador más alto del ciclo); para el año 2024 se documentaron 20 eventos más y en el año 2025 sumaron 16 registros, mientras que entre enero y marzo de la presente anualidad de 2026 ya se contabilizan cinco nuevas denuncias formales.
El diagnóstico institucional precisó que, de los casos correspondientes al año previo, el 81% de los comunicadores se encontraba en una situación de riesgo crítico al momento de interponer la comparecencia, mientras que el 19% restante ya se había visto obligado a abandonar de forma definitiva su lugar de residencia habitual para salvaguardar su vida. Respecto a los factores determinantes de la movilidad humana forzada, las amenazas directas encabezan las causales con el 69% de las incidencias, seguidas por la tentativa de homicidio con un 12.5% y la violencia político-electoral con otro 12.5%.
Actores agresores e historial de impunidad sistémica El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció de igual forma la diversificación de las fuentes generadoras de violencia en contra de los trabajadores de los medios de comunicación. El espectro de presuntos responsables señalados por las víctimas incluye a personas desconocidas en un 31% de los casos, a integrantes y militantes de partidos políticos en un 25% y a personas conocidas en un 19%; el catálogo de agresores se complementa con la participación de células del narcotráfico, bandas criminales transnacionales, así como elementos de la policía y las fuerzas militares.
Aunado al desplazamiento, el organismo documentó más de medio centenar de violaciones directas a la libertad de expresión entre 2025 y el primer trimestre de 2026, consistentes en agresiones físicas en coberturas, intimidaciones, querellas judiciales restrictivas, exigencias institucionales para revelar fuentes de información y campañas sistemáticas de estigmatización digital.
Finalmente, la defensoría alertó sobre el ecosistema de impunidad estructural que impera en la nación centromericana: entre el año 2001 y mayo de 2026, un total de 103 personas vinculadas al sector —entre periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios— han sido asesinadas, permaneciendo el 88% de los expedientes penales sin una sentencia condenatoria, por lo que urgió al Estado a adoptar medidas de protección efectivas que garanticen una prensa libre e indispensable para la rendición de cuentas democrática.
