El mandatario de Chiapas instruyó al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, actuar de manera inmediata contra los agentes de la Fiscalía adscritos al combate del robo de vehículos.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. — El gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, emitió un pronunciamiento de urgencia e instruyó la apertura inmediata de una carpeta de investigación penal en contra de elementos activos de la Fiscalía General del Estado. La intervención del titular del Poder Ejecutivo local se registró luego de que se difundieran de manera masiva diversos materiales audiovisuales en plataformas digitales que evidencian la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y actos de tortura perpetrados por agentes ministeriales.
Evidencias de tortura física y asfixia inducida Los videos que circularon en redes sociales documentaron el proceder ilegal de servidores públicos adscritos específicamente a la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos de la corporación estatal, presuntamente dentro de instalaciones oficiales ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En los fragmentos audiovisuales se observa a hombres provistos de uniformes e insignias tácticas de la Policía Ministerial sometiendo de forma violenta a personas bajo custodia. Las imágenes muestran a los elementos policiacos colocando bolsas de plástico en la cabeza de los acusados para incomunicarlos y asfixiarlos de manera inducida con la presunta finalidad de coaccionar confesiones.
Ante la gravedad de los hechos expuestos de forma pública, el gobernador Ramírez Aguilar fijó una postura institucional de rechazo absoluto a los métodos de coacción física. El mandatario precisó que, si bien se mantiene un irrestricto respeto a la autonomía técnica y constitucional que rige a la Fiscalía General del Estado, solicitó de manera formal al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, proceder con la identificación, suspensión de funciones y detención inmediata de todos los elementos policiacos y mandos que resulten responsables directos o copartícipes de los abusos.
Garantías constitucionales y debido proceso El jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que en el territorio de Chiapas la persecución del delito no puede ejecutarse al margen de la legalidad ni mediante la comisión de otras conductas delictivas por parte del Estado. Sostuvo que, sin importar la naturaleza o la gravedad de los ilícitos que se les imputen a las personas que son sometidas a la acción de la justicia, las instituciones se encuentran obligadas de forma irrenunciable a salvaguardar los derechos fundamentales y la integridad física de los procesados.
La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado notificó que, en cumplimiento a las instrucciones de supervisión y control interno, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, comparecerá públicamente para brindar un informe técnico detallado sobre el estatus de las carpetas de investigación, las órdenes de aprehensión solicitadas contra los agentes ministeriales y las medidas cautelares aplicadas para dar transparencia al caso durante el presente ejercicio del año 2026.
