Un Juez de Distrito en Colima impuso dos años y ocho meses de prisión al responsable tras el decomiso de un contenedor con más de dos toneladas de producto marino protegido que pretendía exportarse a Filipinas.
Colima, Colima. El Poder Judicial de la Federación, a través del Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Colima, dictó una sentencia condenatoria en contra de un individuo penalmente responsable del delito contra la biodiversidad, en la modalidad de tentativa de extracción del país de ejemplares de flora y fauna silvestres con fines comerciales. Las autoridades judiciales fijaron una pena privativa de la libertad de 2 años y 8 meses de prisión, así como una sanción económica por concepto de reparación del daño ambiental que supera los 4 millones de pesos.
Detalles del decomiso y destino de la mercancía: Los hechos que originaron la carpeta de investigación se registraron en el recinto portuario interior de Manzanillo, Colima. En dicho punto, las autoridades de inspección detectaron un contenedor comercial que resguardaba un cargamento de 2,200.5 kilogramos de aletas de tiburón. El producto marino de exportación tenía como destino final la República de Filipinas; sin embargo, la persona responsable del trámite aduanal no contaba con los permisos de aprovechamiento, autorizaciones de embarque ni la documentación regulatoria correspondiente para su salida del territorio nacional.
A través de los peritajes biológicos aportados a la indagatoria, se acreditó que el cargamento decomisado correspondía a fragmentos de escualos pertenecientes a los géneros Alopias (tiburón zorro) y Carcharhinus (tiburón de arrecife o jaquetón). Ambas variedades biológicas se encuentran catalogadas como especies protegidas dentro del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, un tratado multilateral diseñado para regular el mercado global y evitar la extinción de la fauna marina.
Sanciones accesorias y debido proceso: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intervino de forma activa en la causa penal bajo la figura jurídica de víctima y coadyuvante del Ministerio Público de la Federación. El plan técnico de reparación del daño cuantificado por la procuraduría ambiental y ratificado por el órgano jurisdiccional asciende a la cantidad exacta de 4,079,387 pesos, adicionándose el pago de una multa judicial equivalente a 73,168 pesos.
El fallo del Juez de Distrito determinó además las siguientes medidas accesorias:
- El decomiso definitivo de la totalidad de la mercancía y la pérdida del contenedor en favor del Estado.
- La suspensión total de los derechos políticos y civiles del sentenciado durante el periodo que dure la condena.
- Una amonestación pública institucional para conminar al infractor a la no repetición de la conducta ilícita.
La conducta juzgada se encuentra prevista y sancionada en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal. Las partes involucradas comparecieron ante el Centro de Justicia Penal Federal el pasado viernes 8 de mayo para el desahogo de la audiencia de explicación y lectura de sentencia. A partir de dicho protocolo se abrió el periodo legal para la interposición de recursos de apelación; de no presentarse impugnaciones, el fallo causará ejecutoria y se turnará ante un Juez de Ejecución para su debido cumplimiento en un centro de reinserción social.
