El Departamento del Tesoro estadounidense congeló los activos de altos mandos de la isla, incluidos los titulares de Comunicaciones y Energía; el Departamento de Justicia presentará cargos penales en Florida.
Washington. El Gobierno de los Estados Unidos intensificó las medidas de presión diplomática y financiera en contra de la República de Cuba. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, se oficializó una nueva serie de sanciones que bloquean los recursos de funcionarios de primer nivel del gobierno isleño, precediendo a una inminente acusación penal de carácter federal en contra del exmandatario Raúl Castro Ruz.
Funcionarios y dependencias sancionadas: La resolución administrativa emitida por la Casa Blanca restringe cualquier tipo de transacción comercial, bancaria o de bienes bajo jurisdicción estadounidense para los siguientes servidores públicos cubanos:
- Mayra Arevich Marín: Ministra de Comunicaciones.
- Vicente de la O Levy: Ministro de Energía y Minas.
- Juan Esteban Lazo Hernández: Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
- Óscar Alejandro Callejas Valcarce: Director de la Policía Nacional.
- Roberto Morales Ojeda: Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
De igual manera, el Departamento del Tesoro extendió las restricciones operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia de Cuba, corporación que se suma a la lista negra de entidades gubernamentales previamente sancionadas, como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
Procesos judiciales y armamentismo: El entorno de tensión política se agudiza ante los reportes de la prensa estadounidense que confirman que el Departamento de Justicia presentará el próximo miércoles, ante un tribunal federal del estado de Florida, una acusación formal contra Raúl Castro. Los cargos penales versan sobre su presunta responsabilidad en el derribo de avionetas civiles pertenecientes a una organización de exiliados cubanos en el año 1996, periodo en el cual fungía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Este despliegue punitivo coincide con el bloqueo energético impuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha reiterado posturas punitivas hacia La Habana. En el plano de la defensa de la isla, trascendió que el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, John Ratcliffe, realizó una visita de inspección no pública a La Habana para entrevistarse con la contraparte cubana.
Ante este escenario, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reivindicó el derecho de su nación a salvaguardar la soberanía territorial, fijando postura tras la difusión de reportes de inteligencia que señalan que la isla adquirió un lote de 300 drones de combate provenientes de Rusia e Irán.
