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El Cipog-Ez reportó el fallecimiento de cuatro personas en el municipio de Chilapa y el desplazamiento de familias en Xicotlán, Tula y Acahuetlán; solicitan el reforzamiento de la seguridad ante el uso de tecnología aérea en las agresiones.

Chilpancingo, Guerrero. — Organizaciones indígenas de la región de la Montaña Baja han lanzado un llamado a las autoridades federales y estatales tras una serie de incidentes violentos registrados en comunidades nahuas.

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-Ez) denunció que el grupo delincuencial Los Ardillos, atacó ayer a las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuetlán, y más de mil familias fueron desplazadas; “lo peor de todo, es que continúan las ofensivas armadas con drones”, acusó Jesús Plácido Valerio, líder de esta agrupación.

Reporte de los hechos: De acuerdo con la agrupación, los eventos más críticos ocurrieron a partir del pasado 6 de mayo en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa. Según el testimonio de los líderes comunitarios, cuatro trabajadores de la construcción, quienes también se desempeñaban como policías comunitarios en su región, perdieron la vida tras una agresión directa mientras realizaban sus labores cotidianas.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Isaías Morales Lucas
  • Bernardino Hilario Ocotlán
  • Ernesto Hilario Ocotlán
  • Isacar Villalba Rosario

Nuevas tácticas de agresión: El Cipog-Ez alertó sobre el uso de drones para perpetrar ataques contra los pobladores, lo que ha generado un clima de incertidumbre que, aseguran, ha forzado a cientos de familias a abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad.

Llamado a la coordinación institucional: Los representantes indígenas instan a que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía Estatal mantengan una presencia permanente y coordinada en la zona. Señalaron que la eficacia de las instituciones de seguridad es fundamental para disolver las redes delictivas que operan en la Montaña Baja y para garantizar que los programas de justicia y desarrollo lleguen a los pueblos originarios sin obstáculos.