El sistema de justicia federal dio un giro significativo tras la vinculación a proceso de Juan Fernando Alvarado López, exjuez Séptimo de Distrito en Reynosa. Se le acusa del delito contra la administración de justicia por favorecer de manera irregular al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia.
El juez Ricardo Ignacio Rivera, con sede en Reynosa, dictó la resolución bajo la causa penal 45/2026. El caso se centra en las medidas cautelares que Alvarado López otorgó en 2024, las cuales permitieron al exmandatario mantener sus derechos políticos y obligaron al INE a registrarlo como candidato plurinominal, a pesar de las órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La denuncia, impulsada originalmente por Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR), sostiene que el juzgador actuó fuera del marco legal para beneficiar políticamente al panista. Mientras García Cabeza de Vaca enfrenta expedientes por operaciones con recursos de procedencia ilícita en Almoloya de Juárez, esta vinculación marca un precedente en la fiscalización de los juzgadores que emiten suspensiones controvertidas en casos de alto perfil criminal.
