Cada año, la última semana de abril convierte a México en un punto de encuentro para discutir uno de los pilares de una sociedad justa: la seguridad social. Del 27 al 30 de abril de 2026, la Cámara de Diputados fue sede de la Semana Nacional de la Seguridad Social, un foro impulsado en México desde 2016 por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Con los años, el evento ha consolidado su lugar como uno de los foros más relevantes para pensar el futuro de la protección social en la región. Este año, la conversación estuvo a la altura del momento: México enfrenta transformaciones demográficas, laborales y tecnológicas que exigen respuestas a la misma altura, y la semana fue precisamente el espacio para construirlas.
Durante décadas, la seguridad social mexicana estuvo diseñada principalmente para personas con una relación laboral formal. Sin embargo, la realidad del país es mucho más diversa: millones de personas trabajan y contribuyen a la economía sin acumular derechos de seguridad social, y uno de los mensajes más relevantes de la Semana fue que el sistema ha comenzado a abrirse a esos sectores históricamente excluidos. Los números ilustran tanto el avance como el reto pendiente: de 13.2 millones de trabajadores por cuenta propia, solo 415,717 estaban inscritos bajo la modalidad Personas Trabajadoras Independientes; de 2.3 millones de trabajadoras del hogar, apenas 56,540 pagaban cuotas. La dirección es correcta, pero la cobertura aún es limitada frente al tamaño del universo desprotegido, la formalización de sectores históricamente excluidos requiere tiempo, incentivos, fiscalización y mecanismos sencillos de incorporación que todavía están en construcción.
Pensiones: avances recientes y desafíos de largo plazo
Las pensiones ocuparon un lugar central durante la Semana, no solo porque representan uno de los principales compromisos del Estado mexicano, sino porque condensan muchas de las tensiones estructurales del país: informalidad laboral, trayectorias intermitentes, desigualdad de género, baja cultura de ahorro, envejecimiento demográfico y presión fiscal creciente.
Las reformas recientes muestran avances concretos: la reducción del requisito de semanas cotizadas de 1,250 a 1,000 permitió que más de 100,000 personas accedieran a una pensión que de otro modo no habrían alcanzado, y el Fondo de Pensiones para el Bienestar elevó la tasa de reemplazo del 53.2% al 96.3% del último salario. Sin embargo, el desafío va más allá de mejorar las reglas para quienes ya están dentro del sistema. Con más de 5.1 millones de pensionados y un gasto que ya representa el 2.1% del PIB, la presión crecerá de manera sostenida: México pasará de 18 millones de adultos mayores actuales a 40 millones hacia 2040, mientras el 55% de la población ocupada —cerca de 33 millones de personas— trabaja en la informalidad y no cotiza regularmente para su retiro. El envejecimiento es una transformación previsible, y la pregunta central es si el sistema avanza a la misma velocidad que la demografía. Por eso, el debate sobre pensiones no puede limitarse al monto de la prestación o a las reformas paramétricas. Debe conectarse con la formalización laboral, los niveles de ingreso, la ampliación de mecanismos no contributivos y, de manera fundamental, con el ahorro voluntario.
El ahorro voluntario es quizás la parte más frágil del sistema pensionario actual. Aunque el 66% de los mexicanos ahorra, el 71% lo hace de manera informal, y apenas el 8% de quienes tienen una Afore realizan aportaciones voluntarias para el retiro. Esto no refleja únicamente falta de voluntad individual: en muchos casos influyen ingresos insuficientes, empleo informal y el hecho de que el retiro suele percibirse como un evento lejano frente a las necesidades inmediatas. Por ello, una de las propuestas más discutidas fue el enrolamiento automático, mecanismo en el que el trabajador queda inscrito por defecto a un esquema de ahorro y tiene la opción de salirse, y que en otros países ha mostrado resultados positivos.
La seguridad social frente a nuevas realidades laborales y sociales
Desde julio de 2025 opera un programa piloto para formalizar a repartidores y conductores de plataformas digitales, con categorías diferenciadas según el ingreso: quienes superan el salario mínimo neto mensual acceden a las cinco ramas del seguro social, mientras quienes no lo alcanzan tienen protección más limitada. Para febrero de 2026 había 1,584,000 personas registradas, pero solo 206,521 lograron protección total. La regulación es un avance, pero la protección no puede depender de un umbral mensual de ingresos porque eso genera formalidad intermitente —un mes con seguridad social y otro sin ella— y una brecha de género notable: el 94% de quienes alcanzan protección completa son hombres, frente a solo el 6% de mujeres. El objetivo de fondo debería ser que la flexibilidad laboral no se traduzca en falta de protección.
Uno de los aciertos de la Semana fue conectar explícitamente la seguridad social con el sistema de cuidados. A nivel nacional, ese trabajo equivale al 27.6% del PIB; en la Ciudad de México, al 28% de la economía local. Por cada 40 horas que una mujer dedica al cuidado, un hombre destina 15. Esa desigualdad en el uso del tiempo tiene efectos directos sobre el acceso a la seguridad social: menos tiempo en el mercado laboral formal significa menos semanas cotizadas, menores ingresos y, eventualmente, pensiones más bajas o inexistentes. Un sistema nacional de cuidados no debe verse como una política aislada, sino como parte de una estrategia integral de seguridad social. Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados es también una forma de fortalecer el sistema pensionario.
La discusión incluyó también salud e innovación tecnológica. México invierte entre el 2.7% y el 2.9% del PIB en salud —frente al 6% recomendado por la OMS—, y una población que envejece requerirá no solo pensiones, sino servicios oportunos, prevención de enfermedades crónicas y cuidados de largo plazo. En ese contexto, la inteligencia artificial apareció como una herramienta con potencial real: el IMSS cuenta con 54 millones de expedientes médicos y 7,000 millones de notas clínicas, una base valiosa para la prevención y el análisis predictivo. Sin embargo, la digitalización debe avanzar con criterios de inclusión, pues el 27% de los hogares en México carece de acceso a internet y la tecnología solo será un instrumento de mejora si llega a quienes más la necesitan.
En conjunto, la Semana Nacional de la Seguridad Social 2026 dejó un mensaje positivo: México cuenta con diagnósticos claros, mejoras institucionales y nuevas herramientas para fortalecer su sistema de protección social, pero todavía enfrenta desafíos importantes para garantizar que esa protección sea universal, suficiente y sostenible en el tiempo. Los avances recientes permiten identificar una oportunidad para construir un sistema más amplio, incluyente y preparado para los cambios demográficos y laborales del país. El reto hacia adelante será consolidar estos avances con una visión de largo plazo, capaz de responder a las nuevas circunstancias del país. Si estos esfuerzos se articulan con continuidad, coordinación institucional y enfoque de inclusión, la seguridad social puede convertirse no solo en una red de protección, sino en una base más sólida para el bienestar presente y futuro de millones de personas.
