La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York que amplíen la información y las pruebas respecto a la denuncia en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de nueve funcionarios más, quienes están acusador por el delito de narcotráfico, posesión de armas de alto poder y explosivos.
El funcionario resaltó que la detención provisional constituye una restricción a los derechos humanos, por lo que solo puede ser otorgada si hay pruebas solidas conforme a las leyes mexicanas, lo cual no se encontró el dos documentos que enviaron las autoridades estadounidenses.
“Se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable la urgencia de la acreditación de la detención provisional, el pedimento de esta detención provisional fue examinado, derivado de ello concluimos lo siguiente: no hay ninguna referencia, ningún motivo, ni fundamento, ni evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención”, dijo.
Añadió que no existe pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar; además, resaltó que la difusión pública de la información pone en riesgo el proceso.
“La FGR enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requiriese todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios por las vías que garantice la confidencialidad de la información para que la Fiscalía esté en actitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento”, apuntó.
Jiménez Vázquez, advirtió que, si la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York inicia el proceso de extradición formal en contra de los funcionarios, podría iniciarse un proceso que culmine en un juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación.
