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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes 27 de abril un acuerdo con la banca y el sector gasolinero para eliminar temporalmente las comisiones bancarias en pagos digitales al momento de cargar gasolina y diésel, como parte de una estrategia para contener el alza en los precios de los combustibles.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta medida entrará en vigor a partir del 1 de mayo y tendrá una duración inicial de seis meses, periodo en el que los usuarios que paguen con tarjeta o medios electrónicos dejarán de cubrir estos cargos adicionales.

Objetivo: Reducir el costo final para los consumidores

Sheinbaum detalló que el acuerdo se logró en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México, con el objetivo de reducir el costo final para los consumidores en gasolina magna, premium y diésel, en un contexto internacional marcado por el incremento en los precios del petróleo.

Entre las principales medidas, se contempla la eliminación de la cuota de intercambio, que representa alrededor del 80% de la comisión total en pagos con tarjeta, así como una reducción en los cobros por el uso de vales, especialmente en sectores como el transporte.

De acuerdo con lo expuesto en Palacio Nacional, esta política busca que el beneficio se refleje directamente en el precio al consumidor, incentivando además el uso de medios de pago digitales en estaciones de servicio, donde actualmente una parte importante de las operaciones ya se realiza sin efectivo.

Paquete de medidas para estabilizar el mercado de combustibles

La presidenta subrayó que esta acción forma parte de un paquete más amplio de medidas para estabilizar el mercado de combustibles, que incluye subsidios y acuerdos con gasolineros para mantener precios accesibles, frente a presiones externas derivadas del entorno energético global.

Asimismo, adelantó que su administración continuará dialogando con bancos y empresarios del sector para evaluar la permanencia o ampliación de este esquema, así como para garantizar que las estaciones de servicio trasladen efectivamente la reducción de costos a los consumidores finales, evitando abusos.