El luchador profesional mexicano Alberto Rodríguez, conocido como «El Patrón», permanece bajo prisión preventiva justificada en el centro penitenciario de La Pila, en San Luis Potosí. Su detención ocurrió el pasado lunes 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, luego de que su esposa, la ciclista profesional Mary Carmen Rodríguez, interpusiera una denuncia por violencia familiar. Durante el arresto, reportes de la Guardia Civil indicaron que el atleta opuso resistencia, lo que derivó en un altercado físico con los oficiales antes de ser trasladado ante el Ministerio Público.
En la audiencia inicial, un juez de control desestimó la solicitud de la defensa para que Rodríguez llevara el proceso en libertad, dictando la medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad de las lesiones denunciadas. La fiscalía estatal ha tomado una postura firme, señalando que la integridad de la víctima es la prioridad. Ante esto, los abogados del exluchador de la WWE solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica definitiva si es vinculado o no a proceso se determinará este sábado 11 de abril.
Este nuevo episodio legal se suma a un historial judicial complejo para el potosino, quien en 2020 enfrentó cargos similares por agresión sexual y secuestro en San Antonio, Texas, de los cuales fue absuelto en 2021 tras el retiro de los cargos por parte de la demandante. No obstante, en esta ocasión las autoridades mexicanas han endurecido el proceso, y de ser hallado culpable por el delito de violencia familiar, Rodríguez podría enfrentar una sentencia de 1 a 7 años de prisión, además del pago por reparación del daño que podría alcanzar el millón de pesos.
El caso ha provocado una fuerte reacción en el ámbito deportivo nacional e internacional, poniendo en duda la continuidad de su carrera profesional a los 48 años. Mientras se espera la resolución de la segunda audiencia, el entorno del «Patrón» mantiene un hermetismo relativo, limitándose a seguir la estrategia legal para evitar el auto de vinculación a proceso. Una sentencia condenatoria no solo representaría su salida definitiva de los cuadriláteros, sino un golpe irreversible a su legado en la lucha libre mundial.
