Con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Plan B, propuesto por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, así como establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales.
El documento se remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos Constitucionales. Su objetivo es fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar mecanismos de control democrático.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Leonel Godoy Rangel, rechazó las críticas que han calificado esta reforma como una “ocurrencia” y una propuesta deficiente.
«Lo que votamos el día de hoy, sostuvo, es el no a los privilegios, a los gastos onerosos de los congresos locales, los cabildos y ayuntamientos en los municipios», dijo.
Del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, indicó que la reforma busca consolidar una democracia auténticamente paritaria en todos los órdenes de gobierno y reafirmar el compromiso de que ningún servidor o servidora pública gane más que quien encabece el Poder Ejecutivo, lo cual es fundamental cuando la ciudadanía exige gobiernos cercanos, austeros y con responsabilidad social.
En su turno, el diputado del PT, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, dijo que el dictamen materializa una reforma que se sustenta en tres pilares fundamentales: la austeridad republicana como eje rector del gasto público, la eficiencia y representación democrática en los municipios, y el fortalecimiento de la igualdad sustantiva y la paridad de género en todos los niveles de gobierno.
