Tras una intensa jornada legislativa, el pleno avaló en lo general reformas a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales; el proyecto limita la integración de ayuntamientos y condiciona los presupuestos de los congresos locales.
Con mayoría calificada de 377 votos a favor y 102 en contra, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma diversas disposiciones constitucionales. Estas están orientadas a fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar mecanismos de control democrático.
El dictamen a la minuta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República; busca hacer ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, establece límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales y prevé disposiciones transitorias para la implementación progresiva de dichas medidas, así como la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de interés social.
El documento establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. Esto se hará de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Cambios en el orden local y estatal: La reforma establece nuevos límites para la estructura de los gobiernos municipales y estatales:
- Ayuntamientos: Se establece un tope de hasta 15 regidores por municipio, garantizando siempre el principio de paridad de género.
- Congresos Estatales: Se fija un techo presupuestal obligatorio; el gasto de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.7% del presupuesto total de la entidad federativa correspondiente.
Austeridad en el sistema electoral: En el ámbito federal, el dictamen aprobado ordena un recorte directo a las remuneraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto se hace bajo la premisa de que ningún funcionario perciba un salario mayor al de la presidenta de la República.
El proyecto, que fue dictaminado apenas un día antes en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, pasará ahora a la discusión en lo particular para su posterior envío al Senado.
