Este 8 de abril de 2026, la sociedad dominicana conmemora el primer aniversario de la tragedia en la discoteca Jet Set, un siniestro que cobró la vida de 236 personas. A las 00:44 A.M. de aquel fatídico día, el techo del establecimiento —un edificio con historial desde 1973— se desplomó sobre una multitud que disfrutaba de un concierto de Rubby Pérez, transformando un referente del entretenimiento en una escena de negligencia criminal.
Un gigante de los medios bajo la lupa
El centro de la controversia judicial es Antonio Espaillat (nacido en Nueva York, 1965), un influyente empresario y presidente del conglomerado RCC Media. Como segundo mayor radiodifusor de República Dominicana, con más de 50 estaciones de radio y canales de TV, su poder económico ha sido señalado por las víctimas como un obstáculo para la imparcialidad del proceso. Espaillat transformó el antiguo cine en el club Jet Set en 1994, realizando renovaciones en 2010 y 2015 que, según expertos, no garantizaron la estabilidad a largo plazo.
Fallas estructurales y advertencias ignoradas
Las investigaciones técnicas y el informe del Ministerio Público revelan detalles alarmantes sobre el estado del inmueble antes de la catástrofe:
- Estructura comprometida: Ingenieros civiles determinaron que el techo, de dos pisos de altura, carecía de columnas centrales de soporte. El hormigón estaba debilitado tras un incendio provocado por un rayo en 2023 en la central eléctrica del club. Aunque los bomberos lo declararon «seguro» entonces, el peso de la maquinaria pesada de aire acondicionado y los equipos de iluminación en la azotea terminaron por vencer la estructura.
- Advertencias desoídas: Gregory Adams, administrador del local, envió múltiples mensajes a los Espaillat advirtiendo sobre el deterioro del techo horas antes del evento. Su recomendación final fue no abrir al público debido a los desprendimientos de plafones.
Resistencia ante la impunidad
Sobrevivientes y familiares, agrupados en el Movimiento Justicia Jet Set, denuncian que la magnitud de la tragedia pudo evitarse si se hubiera realizado una evaluación estructural seria tras el incendio de 2023.
- Denuncias de sobornos: Miembros del movimiento revelan intentos de frenar las pesquisas mediante ofertas de entre 150,000 y 300,000 pesos a cambio de retirar las querellas.
- Secuelas permanentes: Testimonios como el de Ana María Ramírez, rescatada tras tres horas bajo los escombros, recalcan que el lujo y la fama del local —frecuentado por figuras públicas los lunes de merengue— sirvieron de fachada para una infraestructura que literalmente «se caía a pedazos».
A un año del colapso, el comunicado de la familia Espaillat apelando al «recogimiento» choca con la indignación de una ciudadanía que exige que la influencia mediática de RCC Media no eclipse la responsabilidad penal por la muerte de 236 personas.
