En el marco del Día del Periodista, el Gobierno de Lula da Silva formalizó un decreto que obliga a la policía y al poder judicial a priorizar casos de violencia contra la prensa; la medida busca revertir una década de alta peligrosidad para el gremio.
El Gobierno de Brasil instituyó este martes 7 de abril un protocolo nacional de actuación para proteger a los profesionales de la comunicación. El decreto, firmado en el Palacio de Planalto por los ministros Wellington César (Justicia) y Sidônio Palmeira (Comunicación Social), establece directrices obligatorias para estandarizar la respuesta del Estado ante agresiones, amenazas y asesinatos vinculados al ejercicio periodístico.
Puntos clave del protocolo:
- Prioridad Procesal: Las investigaciones de crímenes contra periodistas tendrán prelación en los órganos policiales y judiciales.
- Protección Inmediata: Se ordena la adopción de medidas de seguridad urgentes para las víctimas desde el primer reporte de amenaza.
- Capacitación Especializada: Los agentes públicos serán formados para identificar si los ataques están motivados por la actividad profesional de la víctima.
- Coordinación Interinstitucional: Se prevé un trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y la Justicia para reducir los índices de impunidad.
Contexto de Riesgo:
Pese a una mejora relativa en 2025 (con un solo asesinato registrado), las cifras de la última década son alarmantes: 30 comunicadores muertos, lo que posiciona a Brasil como el segundo país más peligroso de la región según Reporteros Sin Fronteras (RSF). Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que persiste un «acoso judicial» y niveles preocupantes de intimidación contra quienes informan en territorio brasileño.
