El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prepara para una jornada de alta tensión este viernes. Según reportes de la agencia AFP, el organismo someterá a votación un proyecto de resolución liderado por Bahréin que busca autorizar el uso de la fuerza «defensiva» para garantizar la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz.
El núcleo de la propuesta
El borrador final, que ha atravesado seis procesos de enmienda y cuenta con el respaldo total de Estados Unidos, busca facultar a los Estados miembros para actuar frente a los recientes ataques atribuidos a Irán. El texto autoriza a los países —ya sea de forma individual o integrados en asociaciones navales multinacionales— a emplear «todos los medios defensivos necesarios» de acuerdo con las circunstancias.
Para los promotores de la medida, el texto llega en un «momento crucial» para la estabilidad del comercio energético global, dado que por esta vía transita una quinta parte del petróleo mundial.
Un frente de rechazo: Rusia, China y Francia
Pese al impulso de Washington y Manama, la iniciativa enfrenta un muro diplomático. De acuerdo con información de The New York Times, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo —Rusia, China y Francia— mantienen bloqueado el plan.
El enviado de China ante la ONU, Fu Cong, fue contundente en sus declaraciones del jueves por la mañana, señalando que la autorización de la fuerza tendría consecuencias desastrosas:
«Esto equivaldría a legitimar el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, lo que inevitablemente conduciría a una mayor escalada de la situación y a graves consecuencias».
El panorama de la votación
El reglamento del Consejo de Seguridad establece que para la aprobación de cualquier resolución se requiere:
- Un mínimo de nueve votos a favor.
- Ningún veto por parte de los cinco miembros permanentes (EE. UU., Rusia, China, Francia y Gran Bretaña).
Con la postura pública de Pekín y el escepticismo de Moscú y París, las probabilidades de que la resolución prospere son mínimas. Un veto este viernes confirmaría la profunda fractura en la gobernanza internacional respecto a la seguridad en el Golfo Pérsico, dejando la protección de los buques en manos de coaliciones fuera del marco jurídico de la ONU.
