La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa al Senado de la República para expedir una ley general en materia de feminicidio, que permita homogeneizar el tipo penal del delito y sus sanciones.
El proyecto de decreto reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias.
En el documento publicado en la Gaceta del Senado, Claudia Sheinbaum advirtió que, a pesar de los avances legislativos en la materia, el feminicidio se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas de nuestro país.
Dicha diversidad normativa ha generado, entre otros aspectos, diferencias sustantivas en los elementos del tipo penal; diversos criterios para acreditar las razones de género; agravantes y sanciones no homologadas; y desigualdad en los criterios de investigación.
“En consecuencia, hechos de naturaleza similar pueden ser investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa en la que ocurran, lo cual debilita la eficacia del sistema de justicia penal y propicia escenarios de impunidad”
Señaló Castillo.
Ante esta situación, subrayó que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan, en su momento, la generación de una legislación general orientada a:
Establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños; y fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
Además de contemplar la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, ya que esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos.
