Jerusalén.- El pleno del Parlamento israelí (Knéset) aprobó una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para culpables de ataques mortales tipificados como actos de terrorismo, con 62 votos a favor y 48 en contra. La resolución ha generado amplio rechazo dentro y fuera de Israel.
La normativa obliga, salvo excepciones no especificadas, a los tribunales militares a aplicar esta pena a palestinos en Cisjordania ocupada. Mientras que para ciudadanos israelíes deja abierta la posibilidad de cadena perpetua bajo condiciones más estrictas, lo que ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como una aplicación desigual.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, respaldó la iniciativa impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir, con apoyo mayoritario de su coalición. En contraste, gran parte de la oposición votó en contra.
La ley establece que las ejecuciones deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, bajo supervisión del sistema penitenciario y con protocolos específicos.
El debate parlamentario, que se extendió por más de 10 horas, estuvo marcado por posturas divididas y advertencias de funcionarios militares sobre posibles violaciones al derecho internacional, así como riesgos de acciones legales contra mandos israelíes en el extranjero.
La medida la rechazaron países europeos, la ONU y el Consejo de Europa, además de enfrentar críticas de sectores académicos, jurídicos y religiosos en Israel.
Hasta ahora, el país solo había aplicado la pena de muerte en una ocasión: en 1962, contra el criminal nazi Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.
