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Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía, exigió al Congreso de Nuevo León realizar una auditoría al bufete legal fundado por el gobernador Samuel García y su padre, sospechoso de haberse beneficiado de una triangulación financiera superior a los 200 millones de pesos.

“La acción inicial debería ser la auditoría, responsabilidad del Congreso local encargado de estos asuntos, para instar a que esta se lleve a cabo”, comentó.

Durante una entrevista, Clouthier solicitó que el gobierno local deje de hacer adquisiciones con la empresa Suministros MYR, que entre octubre de 2021 y noviembre de 2023 facturó 964.7 millones de pesos al gobierno estatal.

De acuerdo con una investigación de REFORMA, Suministros MYR emitió facturas por 237.2 millones a Proveedor de Productos Mexicanos Jace, su empresa asociada, de los cuales 202.9 millones fueron transferidos al bufete Firma Jurídica y Fiscal Abogados, asociado al gobernador.

“Además, se debe prohibir cualquier compra futura a estas entidades y revisar el papel del tesorero para determinar si hay complicidad”, añadió.

Clouthier criticó los intentos del gobernador de minimizar las acusaciones en su contra, atribuyéndolas a una filtración de la fiscalía local y argumentando que son parte de estrategias electorales y afirmó que una supuesta filtración no absuelve la violación de ley y que el periodo electoral no justifica los supuestos delitos.

“Es preocupante para quienes vivimos en Nuevo León que, si no fuera por la cobertura mediática, el gobernador no reconocería la existencia de un delito, intentando desviar la atención hacia supuestos motivos electorales.

“Las leyes de servidores públicos y conflicto de intereses prohíben claramente a los familiares ser proveedores del sector público, y en este caso, estamos hablando de conexiones directas”, destacó.

Anunció que consultará con las autoridades de Morena en Nuevo León sobre cómo proceder.

Sin embargo, alertó sobre la gravedad del caso, especialmente si el gobernador no reconoce el conflicto de intereses, incluso en la campaña de su esposa, Mariana Rodríguez, para la alcaldía de Monterrey, a quien ha promovido en eventos públicos.

“Este es un momento crítico, con su esposa compitiendo por la alcaldía y él ignorando el conflicto de intereses al apoyarla públicamente. Esto levanta serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y llama la atención sobre la necesidad de vigilancia por parte de las autoridades electorales”, destacó.