Luego de años de discusión y polémica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los Congresos Locales son los únicos que pueden decidir si un servidor público debe perder su fuero tras una declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados.
El Pleno dejó claro que las declaratorias de procedencia no son vinculantes, ya que los Congresos estatales pueden decidir si homologan o no dichas declaratorias.
El pronunciamiento de la Corte derivó de una acción de inconstitucionalidad que promovió el Poder Ejecutivo Federal contra las reformas aprobadas en Tamaulipas, tanto en su constitución como en una de sus leyes, que dejan claro que, si el Congreso Local no homologa la declaratoria de procedencia, el funcionario no perderá el fuero, resolución que es inatacable.
La ministra Margarita Ríos Farjat presentó el proyecto y declaró infundados los argumentos de la parte quejosa.
“Ante una acusación por delitos federales que debe darse en el marco de buena fe y absoluta integridad legal y constitucional de la Cámara de Diputados, se espera una correspondiente actuación seria y responsable de la entidad federativa que, en ejercicio de transparencia con la sociedad y de compromiso público con el interés social, que el congreso local explique claramente las razones que valoró para no retirar el fuero y permitir la persecución inmediata de los delitos que ponderó la Cámara de Diputados.
“¿Qué es necesario proceder en contra de posibles delincuentes? Desde luego. Pero ese no es el único valor constitucional en juego, sino también el régimen político constitucional de República Federal que reconoce expresamente la soberanía al interior de los estados”, declaró.
Al respecto la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió durante la sesión que de aprobarse el proyecto se generaría un “manto de impunidad”.
Durante el debate de más de dos horas que provocó pronunciamientos de que se respetaran las opiniones de cada uno de los ministros, Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo mención del caso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del entonces del Distrito Federal, en 2005.
Recordó que la misma Asamblea Legislativa DF demandó que le competía decidir si homologaba o no la decisión de la Cámara de Diputados.
“Este reclamo ha surgido siempre como una de las defensas del federalismo y la persecución política en nuestro país”, señaló el ministro.
