Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, se eliminó lo relativo a la revocación de mandato
Luego de que ayer se aprobó el dictamen en comisiones, se programó la discusión en el Pleno pasando de medio día, sin embargo, se pospuso para las 17:30 horas, cuando la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, exhortó a los senadores a concentrarse en el tema y dirigirse con respeto.
“A pesar de que la discusión puede ser muy fuerte, les pido que respetemos nuestra investidura, que demos un debate de altura, un debate con argumentos, que no sea con insultos, sino con el uso de la razón, todos ustedes son legisladores con amplia experiencia y trayectoria y tienen que demostrarlo en el uso de la tribuna”, exhortó.
La discusión inició con una asistencia de 71 senadores y duró más de seis horas; el diputado del PAN, Agustín Dorantes, presentó una moción suspensiva para que el dictamen regrese a comisiones para profundizar la revisión, pero fue rechazada; cabe resaltar que previamente los 21 panistas aseguraron que votarían en contra del proyecto.
El senador del PT, Alberto Anaya, comentó que su bancada se enorgullece de ser parte del proyecto de la Cuarta Transformación, destacó que Claudia Sheinbaum es una de las mandatarias mejor calificadas, por lo que confió en el Plan B, el cual busca un estado de bienestar.
“Estamos orgullosos porque por más de 30 años hemos acompañado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en sus luchas, fuimos fundadores de Morena y les queremos decir que nunca nos hemos apartado de nuestros ideales, de nuestro proyecto de nación que hoy encabeza de manera digna nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, indicó que la iniciativa es el resultado de un proyecto de nación que ha venido consolidándose desde el 2018.
“Este dictamen recoge una convicción profunda de que el poder en México ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad. Ya no como imposición, sino como mandato popular”, opinó.
Cantón Zetina resaltó que se avanza en la eliminación de privilegios que durante décadas distorsionaron el ejercicio del servicio público, se pone fin a excesos, a beneficios injustificados, a una lógica de élites que se alejaron del poder y por otro se fortalece la revocación de mandato como un instrumento real de participación del pueblo de manera democrática.
Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum ha entendido que la democracia no se agota en las elecciones, sino que se construye todos los días con hechos y acciones de gobierno, por lo que se fortalece una nueva cultura política democrática, una cultura donde el poder se ejerce con humildad, con sobriedad y con responsabilidad.
En su participación, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, expuso que el objetivo del proyecto es democrático, pues fortalece la participación del pueblo en la toma de decisiones que le incumben a las decisiones fundamentales de la Nación.
“Se inscribe en un proceso histórico de cambios sociales y estructurales de México. Es la continuación de una ruta iniciada en 2018 por los gobiernos de la Cuarta Transformación, que han colocado en el centro de cada decisión pública, el principio que hoy para nosotros es irrenunciable: El poder es para servir al pueblo, no para servirse de él”, sostuvo.
Agregó que se busca que se garantice el buen uso del presupuesto público, con la finalidad de que responda a los criterios de eficiencia, honestidad y justicia social.
Asimismo, recordó que el dictamen fortalece la figura de revocación de mandato como un instrumento que materializa el principio que consagra el artículo 39 de la Carta Magna, el cual indica que la soberanía reside originalmente del pueblo.
La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, enfatizó en que la reforma en materia de revocación de mandato reafirma este mecanismo como una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y como un verdadero instrumento de control democrático sobre la persona del Poder Ejecutivo Federal.
