En México, hoy la conversación sobre desarrollo no se limita al crecimiento económico, sino que incorpora bienestar, reducción de desigualdades y sostenibilidad. El cambio de enfoque que representan los gobiernos de la cuarta transformación permite también que la Agenda 2030 deje de ser un referente internacional para convertirse en una guía cada vez más integrada a la política pública nacional.
Los avances no son menores. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2018 y 2024 más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, mientras que la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini) alcanzó uno de sus niveles más bajos en décadas. A ello se suma el incremento sostenido del salario mínimo, que ha recuperado más del 110% de su poder adquisitivo, y una política social con cobertura prácticamente universal en programas prioritarios. Estos resultados dialogan directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en materia de pobreza (ODS 1), desigualdad (ODS 10) y trabajo digno (ODS 8).
En este contexto, la Agenda 2030 ha encontrado una nueva etapa bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con un énfasis claro en sostenibilidad, transición energética, innovación y desarrollo regional equilibrado. No es una agenda paralela: es un marco que fortalece y proyecta la visión del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.
En materia energética, México ha avanzado hacia un modelo que combina soberanía y transición. La modernización del sistema eléctrico, la expansión de proyectos de energías limpias y el impulso a la eficiencia energética forman parte de una estrategia que busca garantizar seguridad energética sin perder de vista los compromisos ambientales. Este equilibrio es clave para cumplir con los objetivos climáticos sin comprometer el crecimiento.
A nivel regional, también se observan avances relevantes. Proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Tren Ciudad de México-Toluca, Tren AIFA-Pachuca, Tren Ciudad de México-Querétaro, entre otros; así como los polos de desarrollo han comenzado a reconfigurar el mapa económico del país. Estas iniciativas no sólo buscan detonar inversión, sino reducir brechas históricas entre regiones, uno de los objetivos centrales de la Agenda 2030.
Pero más allá del papel del Poder Ejecutivo, hay un actor que también juega un papel relevante en su consolidación: el Senado de la República.
La evolución institucional es significativa. Lo que inició como un grupo de trabajo, posteriormente como comisión especial, hoy es una una comisióndentro de la LXVI Legislatura. Este cambio implica que el seguimiento de la Agenda 2030 se integra de manera permanente al trabajo legislativo.
Además, el Senado ha impulsado esfuerzos de articulación que no son menores. Desde 2018 se han realizadoactividades de vinculación, análisis y coordinación, incluyendo participación en el Informe Nacional Voluntario presentado ante Naciones Unidas. A nivel subnacional, se ha promovido la incorporación de la Agenda 2030 en congresos locales, con avances en diversas entidades del país.
El Senado, en este sentido, cumple una función específica: generar espacios de articulación entre sectores, alinear prioridades y contribuir a que las decisiones públicas mantengan coherencia con los objetivos de desarrollo del país; y, fortalece la dimensión institucional de esta agenda.
El día de hoy, en la LXVI Legislatura ya se vinculan los ODS con temas estratégicos: desarrollo regional, economía circular, igualdad de género y cadenas de valor en el marco del T-MEC. Esto refleja un cambio importante: la sostenibilidad se integra al núcleo de la política económica.
A cinco años de 2030, el desafío es claro: convertir los avances en resultados sostenibles. México tiene hoy una base sólida (menos pobreza, menor desigualdad y una economía en transición), pero también la responsabilidad de consolidar ese camino. Ahí, el Senado juega un papel estratégico: no sólo acompañar el proceso, sino ayudar a darle dirección. Porque el futuro no se decreta, se construye.
