El gobierno de México ofreció disculpas por la desaparición y feminicidio de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1995 y 2003, caso que en su época fue conocido como las “muertas de Juárez”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en nombre del Estado mexicano.
Dicho acto forma parte del acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 288/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso 13.377 Silvia Elena Rivera Morales y Otras (niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez) Vs. México.
“Como representante del Estado mexicano, reconozco la responsabilidad por el feminicidio de María Elena Chávez Caldera, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, Cecilia Covarrubias Aguilar, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Silvia Elena Rivera Morales y la desaparición de la bebé Ibarra Covarrubias y ofrezco una sincera disculpa a las víctimas y sus familias”, expresó.
En el memorial ‘Víctimas de Feminicidio’, en el campo algodonero ubicado en Ciudad Juárez, indicó que se permitió la impunidad y reconoció que este sitio simboliza una lucha constante por la justicia porque durante décadas el Estado falló en proteger la vida, integridad personal, libertad, personalidad jurídica, garantías judiciales, honra, igualdad y protección judicial de las víctimas. Además, se vulneraron los derechos humanos de sus familias, que no han dejado ni un solo día de exigir justicia.
Ofreció la disculpa pública a las madres y familiares de las víctimas, entre ellas: Julia Caldera Chávez (madre de María Elena Chávez Caldera, víctima de feminicidio en el 2000); Paula Flores Bonilla (madre de María Sagrario González Flores, víctima de feminicidio en 1998); Irma Pérez Franco (madre de Olga Alicia Carrillo Pérez, víctima de feminicidio en 1995); Juana Rodríguez Bermúdez (madre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, víctima de feminicidio en 2003); María de la Soledad Aguilar Peralta y Nidia Lee (madre y tía respectivamente de Cecilia Covarrubias Aguilar, víctima de feminicidio en 1995 y de la bebé Ibarra Covarrubias, desaparecida desde 1995); Ramona Morales Huerta y Silvia Elena Rivera Ceballos (madre y sobrina de Silvia Elena Rivera Morales, víctima de feminicidio en 1995).
“Reconocemos que el Estado mexicano violó el derecho fundamental de estas niñas y mujeres a la vida. No sólo las autoridades no les protegieron, sino que, en muchos casos, fueron éstas las que perpetraron o toleraron la violencia. Las niñas y mujeres de Ciudad Juárez —especialmente las jóvenes de entornos marginados— fueron víctimas de por lo menos una triple vulnerabilidad: por ser mujeres, por ser jóvenes y por vivir en condiciones de pobreza y desigualdad.
“Sufrieron violencia en las calles, en el trabajo y por parte de autoridades indolentes. Sus vidas fueron truncadas de manera brutal, dejando un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad. El Estado mexicano reconoce su papel fundamental en la construcción de una sociedad libre de violencia. No hay palabras que puedan reparar el daño causado”, manifestó.
