Washington. — Gobiernos locales y estatales, junto a organizaciones civiles, manifestaron su rechazo al plan de la administración de Donald Trump de adquirir depósitos y almacenes en una veintena de ciudades para convertirlos en centros de detención de migrantes, como parte de una nueva estrategia de deportación.
Con un presupuesto de 38 mil 300 millones de dólares contemplado en el denominado “grande y hermoso proyecto de ley”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa la Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI), que prevé la compra y renovación de ocho grandes centros de detención, 16 sitios de procesamiento y 10 instalaciones “llave en mano”.
Arizona: Futuro centro con capacidad para mil 500 inmigrantes
En Surprise, Arizona, donde se planea habilitar un almacén con capacidad para mil 500 inmigrantes, el alcalde Kevin Sartor informó que cientos de residentes expresaron su preocupación por el impacto en la comunidad, la seguridad escolar y el valor de las propiedades. El inmueble, adquirido por 70 millones de dólares, se ubica a unos 300 metros de una escuela cuyos alumnos son en un 60 % de origen hispano.
La Coalición de los Derechos Humanos de Arizona cuestionó las condiciones de estos espacios y recordó antecedentes del ICE en el estado, donde más de una docena de inmigrantes han muerto en el Centro de Detenciones de Eloy.
La fiscal estatal Kris Mayes y la congresista Adelita Grijalva enviaron una carta a la agencia federal solicitando explicaciones.
La iniciativa avanza en el resto del país
El plan también avanza en New Hampshire, Florida, Maryland y Texas.
En Merrimack, New Hampshire, autoridades estatales rechazaron la iniciativa tras conocer documentos que proyectan implementar la DRI antes de septiembre.
Mientras que en Orlando, el alcalde Buddy Dyer afirmó que no podría frenar el proyecto por tratarse de competencia federal, mientras congresistas demócratas denunciaron abusos previos en centros del estado.
Por su parte, en Texas, una inmobiliaria cercana a Dallas desistió de vender un almacén que el DHS pretendía convertir en un centro para más de 9 mil migrantes, el que habría sido el más grande del país. Sin embargo, el Gobierno concretó la compra de otro inmueble en El Paso, con capacidad para 8 mil 500 personas, según reportes locales.
El DHS sostiene que el modelo busca ampliar el espacio de alojamiento y agilizar los procesos de detención y deportación mediante instalaciones no tradicionales, en respuesta al aumento de la demanda.
