La sede de Foxborough (Boston) para la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraviesa una crisis financiera crítica que pone en riesgo los siete partidos programados en el Gillette Stadium. El conflicto se centra en una disputa de 7.8 millones de dólares destinados a servicios de seguridad pública, gestión de tráfico y emergencias. La junta selecta de la ciudad ha condicionado la emisión de la licencia de entretenimiento indispensable para la realización del torneo a que se garantice el pago de esta cifra, bloqueando así el acuerdo formal entre el Kraft Group (propietarios del inmueble) y la FIFA.
La postura de Foxborough es firme: al ser una localidad de apenas 18 mil habitantes, los funcionarios locales aseguran que no pueden absorber el riesgo económico de un evento que han calificado como «siete Super Bowls en 39 días». Por su parte, el Kraft Group argumenta que su rol se limita a la renta del estadio y no a la cobertura de gastos operativos externos, mientras que el Comité Organizador de Boston señala que los fondos federales previstos son reembolsables, lo que choca con la exigencia de la ciudad de recibir el dinero por adelantado para evitar deudas.
El tiempo juega en contra de los organizadores, ya que el ayuntamiento ha establecido el 17 de marzo de 2026 como la fecha límite definitiva para la aprobación de la licencia. Si no se resuelve la disputa para ese día, la FIFA se vería obligada a buscar una sede alterna para los encuentros programados, que incluyen un decisivo partido de cuartos de final. Esta incertidumbre ha encendido las alarmas en el ámbito deportivo internacional, dado que Boston es considerada una de las sedes con mayor tradición y relevancia logística en los Estados Unidos.
A pesar de la tensión actual, existen vías de resolución que involucran niveles superiores de gobierno. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ha intervenido para calmar las aguas, expresando su confianza en que se logrará un acuerdo mediante la combinación de fondos estatales y federales. El objetivo es liberar los recursos antes de la fecha límite para garantizar que la infraestructura de seguridad esté lista para recibir a los miles de aficionados internacionales sin comprometer las finanzas del pequeño municipio.
El conflicto en Foxborough subraya los complejos desafíos logísticos que enfrentan las ciudades anfitrionas de menor tamaño frente a la magnitud de un Mundial. La resolución de este «bloqueo» financiero no solo es vital para Boston, sino que servirá de precedente para otras sedes que enfrentan dilemas similares sobre quién debe pagar la factura de la seguridad. El mundo del fútbol observa con atención este cronómetro financiero que vence en menos de un mes, esperando que el balón logre rodar en el Gillette Stadium.
