Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, calificaron de falso que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de Industria Eléctrica (LIE) impactó de manera decisiva en la controversia en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A través de un documento difundido por colaboradores de la ministra Lenia Batres, las togadas señalaron:
“Expresamos nuestra inconformidad por la emisión de la ‘tarjeta informativa’ que a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se distribuyó el pasado 28 de febrero con el título ‘Alcance de la decisión de la Segunda Sala sobre la Ley de la Industria Eléctrica’, pues en dicho documento se hacen interpretaciones que no corresponden a la verdad”, indicaron.
Mencionaron que la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro, explicó, en conferencia ofrecida el martes 27 de febrero, que desde octubre de 2023 se acordó con el gobierno estadunidense dar por terminadas las diferencias en materia energética y que solo está pendiente la publicación del memorándum de entendimiento para hacer oficial el retiro de la consulta promovida en el marco del T-MEC.
“Sin embargo, la tarjeta en cuestión sostiene falsamente que el fallo de la Segunda Sala de la SCJN del pasado 31 de enero impactó de manera decisiva en la controversia que tanto Estados Unidos como Canadá habían presentado, en el marco del T-MEC, contra México por la política del Gobierno’ en el sector.
“Hay que subrayar que en dicha sesión nunca se tocó el tema del T-MEC, por lo que pretender ahora darle al fallo aprobado esa dimensión no solo es inexacto, sino que pervierte los alcances jurídicos de la decisión de la Corte; en ningún momento la resolución dejó sin materia las consultas”, mencionaron.
Dicha nota informativa, advirtieron, hace una interpretación del fallo de la Segunda Sala, cuyo contenido no fue sometido a consideración de los integrantes de la Sala, que festeja sus supuestos efectos. “La subordinación de la interpretación constitucional a los intereses extranjeros no debería ser motivo de celebración”, añadieron.
