La Reforma Judicial en México ha sido, sin duda, uno de los procesos institucionales más profundos de las últimas décadas. Desde la perspectiva de quienes creemos en la ampliación de los derechos y en la democratización del poder público, esta transformación no puede entenderse sino como un intento serio por acercar la justicia a la ciudadanía y romper inercias corporativas que durante años mantuvieron al Poder Judicial alejado del escrutinio social.
El cambio de paradigma es claro, pasar de un modelo de designaciones cerradas a un esquema donde las personas juzgadoras sean electas mediante voto universal, libre y secreto. Como se ha señalado, se trata de un “gran logro democrático” que fortalece la legitimidad de quienes imparten justicia. Sin embargo, toda reforma estructural enfrenta desafíos en su implementación, y reconocerlos no implica debilitarla, sino consolidarla.
Algunos de los juristas más reconocidos del mundo han expresado fuertes críticas a la Reforma. Por ejemplo, Roberto Gargarella[i] ha advertido en diversos foros que la elección popular de jueces podría tensionar el principio de independencia judicial, al trasladar la lógica de la competencia política al ámbito jurisdiccional. Por su parte, Luigi Ferrajoli[ii] ha subrayado la importancia de preservar las garantías institucionales que permiten a los jueces actuar con autonomía frente a mayorías coyunturales, mencionando que el esquema mexicano podría incluso suprimir la separación de poderes. Estas preocupaciones no deben ser desestimadas, pues provienen de tradiciones teóricas comprometidas con el constitucionalismo democrático y con la defensa de los derechos fundamentales.
No obstante, la respuesta no puede ser el regreso al pasado. El diseño previo tampoco garantizaba automáticamente independencia ni excelencia técnica. La opacidad en los procesos de designación y la falta de rendición de cuentas generaron mucha desconfianza social. La Reforma Judicial busca precisamente reconstruir esa confianza a partir de la participación ciudadana.
Ahora bien, el propio proceso ha revelado áreas de oportunidad que se deben atender con responsabilidad. Lejos de pretender entrar al interesante debate filosófico-jurídico sobre la legitimidad democrática del Poder Judicial o de buscar resolver las críticas de los importantes jurista, a continuación se presentan algunos elementos que podrían mejorar la implementación de la reforma, sin perder su sentido democrático.
El aspecto más inmediato debe ser la revisión del calendario y posponer la próxima elección hasta el primer domingo de junio de 2028, con el fin de contar con mejores condiciones organizativas y normativas. Separar las elecciones judiciales de las federales también podría contribuir a evitar la sobrecarga del electorado y reducir el riesgo de una indebida partidización. Esta propuesta no contradice el espíritu democrático de la reforma; al contrario, lo protege al permitir que el ejercicio del voto sea informado y reflexivo. Dada su urgencia, esta modificación de calendario debería ser incluida en la reforma electoral que en los próximos días analizará el Congreso.
Otro punto central es la idoneidad de las personas candidatas. La crítica de que un proceso electoral amplio puede abrir la puerta a perfiles sin la preparación suficiente debe ser atendida con mecanismos institucionales robustos. En este sentido, fortalecer el papel de la Escuela Nacional de Formación Judicial para certificar competencias resulta una vía adecuada. Sustituir criterios meramente formales —como determinadas calificaciones académicas— por procesos de evaluación técnica más integrales puede elevar el estándar profesional sin restringir injustificadamente el acceso.
Asimismo, la experiencia reciente mostró dificultades en el funcionamiento de los comités de evaluación de los tres Poderes. Revisar su diseño institucional o incluso eliminarlos, permitiría mayor homogeneidad en los criterios de selección y mayor certeza jurídica. No se trata de retroceder en la apertura democrática, sino de depurar los procedimientos para que el principio de mérito acompañe al de legitimidad popular. Probablemente se podrían simplificar los procedimientos para que el INE u otra instancia asuma directamente las funciones de los comités.
La discusión también debe abarcar el funcionamiento interno del Poder Judicial. La enorme carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la estabilidad en la conducción de los órganos jurisdiccionales son temas que requieren atención. Repensar la existencia de salas o los mecanismos de elección de presidencias no es un asunto menor, pues de ello dependen la coherencia de criterios, la celeridad procesal y, en última instancia, la tutela efectiva de derechos.
Desde una visión progresista, el objetivo no es someter al Poder Judicial a mayorías políticas, sino integrarlo plenamente al proyecto democrático. La independencia judicial no es un privilegio corporativo; es una garantía para la ciudadanía. Por ello, los ajustes que hoy se discuten deben orientarse a blindar esa independencia frente a intereses económicos o partidistas, al tiempo que se asegura que quienes juzgan cuenten con la preparación necesaria y con una legitimidad social incuestionable.
En este momento histórico, la responsabilidad de quienes integramos la mayoría legislativa es defender el sentido democrático de la Reforma Judicial y, al mismo tiempo, escuchar con atención las críticas fundadas. La democracia constitucional no se agota en el voto, pero tampoco puede prescindir de él. Se construye mediante equilibrios, controles y mejoras continuas.
La Reforma Judicial no es un punto de llegada, sino un proceso. Si somos capaces de perfeccionar sus instrumentos —calendarios, mecanismos de evaluación, diseño institucional— estaremos dando un paso decisivo para fortalecer el Estado de Derecho. Una justicia más cercana, más profesional y más independiente no solo protege derechos; también genera estabilidad, reduce conflictos y crea condiciones para un desarrollo más justo.
El reto, entonces, no es elegir entre democracia e independencia, sino articularlas de manera virtuosa. Esa es la tarea que hoy tenemos frente a nosotros, y debemos asumirla con firmeza, apertura y sentido de Estado.
[i] Para conocer con mayor profundidad las críticas de este admirable jurista argentino, se recomienda escuchar su entrevista en el medio “Aristegui Noticias”: https://aristeguinoticias.com/0206/mexico/eleccion-judicial-es-una-de-las-mayores-tragedias-juridicas-de-nuestro-tiempo-si-no-la-mayor-gargarella/
[ii] Ferrajoli, Luigi. La reforma judicial mexicana: cómo se destruye el Estado de derecho, Revista Voz y Voto, Noviembre 2025, consultada en: https://www.vozyvoto.com.mx/articulo/la-reforma-judicial-mexicana-como-se-destruye-el-estado-de-derecho
