La senadora del PVEM, Virginia Magaña, hizo un llamado urgente al Congreso del Estado de Guanajuato para acelerar la armonización legislativa del Plan Integral contra el Abuso Sexual y dejar atrás el rezago que mantiene a la entidad entre las más atrasadas del país en la protección legal de las mujeres.
De acuerdo con el portal oficial de seguimiento de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México (monitoreo.mujeres.gob.mx), en el caso de Guanajuato únicamente aparece como cumplida la presentación de la iniciativa, sin avances sustantivos en su implementación legislativa.
“Las iniciativas ya están sobre la mesa; ahora corresponde convertir los compromisos en leyes que protejan de verdad a las mujeres”, señaló la legisladora.
La iniciativa se presentó el 3 de diciembre de 2025 y pudo haberse discutido durante el periodo de la Comisión Permanente; sin embargo, no registra avances sustantivos. Aunque se encuentra dentro del plazo legal, no ha sido dictaminada, debatida ni votada, lo que evidencia un rezago preocupante en un tema urgente.
En ese sentido, Virginia Magaña advirtió que esta falta de acción mantiene en vulnerabilidad a miles de niñas, adolescentes y mujeres frente a la violencia sexual.
“Este rezago ocurre a pesar de que Guanajuato firmó el Pacto de Xicoténcatl, un compromiso nacional para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual de manera coordinada y efectiva”, señaló.
De carácter sumamente urgente
La urgencia es evidente: en Guanajuato, 4 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia sexual en espacios públicos a lo largo de su vida, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de contar con un marco jurídico sólido, actualizado y eficaz.
Además, recordó que desde la Comisión de Igualdad de Género del Senado se identificaron 12 reformas prioritarias que deben armonizarse para garantizar una protección integral a las mujeres.
En Guanajuato, varias de ellas siguen pendientes, entre las que destacan: la Ley Ácida, la legítima defensa con perspectiva de género, la investigación con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres, la sanción a la violencia mediática en casos de feminicidio.
Asimismo, la actualización del delito de abuso sexual para cerrar vacíos legales que permiten la impunidad, así como el reconocimiento de la violencia obstétrica y la despenalización del aborto conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La armonización legislativa no es un trámite administrativo, es una obligación constitucional y una deuda con las mujeres de Guanajuato. Cada día que se retrasa, se prolonga la impunidad”, afirmó Magaña.
Finalmente, la senadora reiteró que Guanajuato debe acelerar su agenda legislativa en materia de igualdad y erradicación de la violencia, y pasar de los discursos a las reformas que garanticen derechos reales y protección efectiva para las mujeres.
