En la política mexicana, pocos motores son tan eficaces como la indignación pública. Un video en redes sociales, una denuncia o una investigación periodística pueden lograr en días lo que años de diagnósticos técnicos no consiguieron y es colocar un tema en la agenda.
Eso ocurrió recientemente con el caso del refugio Franciscano en el que estuvieron involucrados aproximadamente 800 animales entre perros y gatos. La polémica en torno al refugio estalló luego de que comenzaran a circular en redes sociales y medios de comunicación videos, fotografías y testimonios que mostraban condiciones consideradas deplorables para los animales que ahí se encontraban. Las denuncias apuntaban a hacinamiento, falta de atención veterinaria y actos de negligencia, lo que generó una rápida reacción ciudadana. La indignación se tradujo en una amplia conversación pública, manifestaciones y exigencias dirigidas a las autoridades de la Ciudad de México para que intervinieran y esclarecieran la situación, convirtiendo el caso en un tema imposible de ignorar.
Este fenómeno no es nuevo y ha ocurrido en múltiples ámbitos. Sin embargo, para el movimiento animalista este momento tiene un valor especial. Durante años, el bienestar animal ha sido una causa impulsada principalmente desde la sociedad civil, refugios, rescatistas y activistas que, en muchas ocasiones, no encontraban eco en las instituciones. Que hoy el tema esté en la agenda pública y legislativa no es menor, significa que la presión social funcionó y que el problema dejó de ser invisible.
Cuando un asunto entra con esta fuerza a la agenda, el reflejo político suele ser casi inmediato. Legisladoras y legisladores comienzan a pronunciarse, a dar la cara y a anunciar iniciativas. En este caso, el Congreso local de la Ciudad de México ya registra propuestas para regular los refugios, entre ellas la iniciativa que busca dotar a estos espacios de certeza jurídica, definir con claridad sus derechos y obligaciones y fortalecer su labor, con el objetivo de mejorar de manera efectiva la vida de los animales bajo su cuidado.
A nivel federal también ha habido movimientos relevantes. Destaca particularmente la participación de una diputada de MC, quien ha estado presente en el seguimiento del caso y que, en conjunto con activistas de bienestar animal, ha impulsado propuestas para mejorar las condiciones en las que viven los animales. Además, en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el lunes 2 de febrero de 2026, diputadas de los grupos parlamentarios Morena y PAN presentaron dos iniciativas adicionales en materia de bienestar animal.
El tema llegó a la agenda en un momento que, aunque doloroso por el origen de los hechos, resulta clave desde el punto de vista legislativo. No porque la situación sea afortunada —la realidad del maltrato animal en el país es grave—, sino porque coincide con un punto crucial. Aún está pendiente la legislación de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia de bienestar animal.
Vale recordar que el 2 de diciembre de 2024 se realizó la reforma constitucional que modificó los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sentando las bases para una nueva arquitectura legal en favor del bienestar animal. En ese contexto, el propio Poder Ejecutivo recomendó extender el periodo de análisis de las leyes secundarias con el objetivo de incluir a organizaciones protectoras, especialistas y asociaciones civiles.
Por su parte, el Congreso aún no ha presentado la iniciativa que dé forma a la legislación secundaria derivada de la reforma. En los artículos transitorios se establecía un plazo para expedirla, plazo que ya transcurrió sin que se haya cumplido. La coyuntura actual puede y debe servir para retomar ese pendiente y nutrir el proceso con diagnósticos sólidos y propuestas que respondan a la magnitud del problema.
Desde la óptica animalista, este escenario genera una reacción legítima de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, hay actores políticos dispuestos a asumir el tema, ponerle nombre y traducirlo en propuestas formales. En un país donde muchos casos de maltrato quedan en el olvido, que el Congreso discuta bienestar animal ya representa, en sí mismo, un avance.
Sin embargo, el verdadero reto comienza después del anuncio. No todas las iniciativas que nacen al calor de la agenda tienen la misma profundidad ni la misma viabilidad. Algunas parten de diagnósticos sólidos y buscan construir política pública; otras responden más a la lógica del momento, con textos generales, sin mecanismos claros de implementación ni recursos asignados.
Aquí es donde el proceso legislativo se vuelve decisivo. La agenda ya hizo su parte y el movimiento animalista logró colocar el tema en el centro del debate. Ahora toca al Congreso demostrar si esta visibilidad se traducirá en normas eficaces o si el tema se diluirá cuando la conversación pública se desplace hacia otro escándalo.
La buena noticia es clara: el bienestar animal dejó de ser un tema aislado y hoy ocupa un lugar en el debate público y legislativo. Esa visibilidad abre una oportunidad real para hacer las cosas distinto. Si este momento se aprovecha con responsabilidad y diálogo, el Congreso puede traducir la presión social en leyes sólidas. El reto y también la invitación, es que legisladoras y legisladores conviertan esta coyuntura en un punto de inflexión real, capaz de mejorar de manera estructural la vida de millones de animales en el país.
